Los recientes y oportunos cuestionamientos que la diputada suplente Walkiria Chandler, hizo en la Asamblea, a la viceministra de Salud Ivette Beríos, sobre posibles víctimas de esterilizaciones forzadas en la región de Bocas del Toro, encienden las alarmas de la ciudadanía sobre probables caso de violencia obstétrica, discriminación étnica y violación a los derechos reproductivos por parte de agentes del Estado.
La violencia obstétrica es una forma específica de violencia de género ejercida por personal que presta servicios de salud hacia las mujeres antes, durante y/o después del embarazo, en estos casos predominan las actuaciones de los médicos y personal de enfermería, ya sea en la práctica privada o pública. Esta violencia incluye, por ejemplo, regaños, tratos degradantes, discriminación, intimidación, poca información sobre propio estado de salud o esterilizaciones sin consentimiento.
Estos maltratos físicos y psicológicos, están motivados por el género de las víctimas, que infantilizan y desnaturalizan a la mujer sobre las decisiones de su propio cuerpo, vulnerando sus derechos humanos. Los efectos y los riesgos de este tipo de intervenciones sobre el cuerpo de las mujeres representan el irrespeto a la autonomía humana que les quita de las manos el derecho a decidir su proyecto de vida y las obliga a sufrir los efectos quirúrgicos dejándolas, en ocasiones, sin alternativas a sus derechos sexuales y reproductivos.
Nuestra ley nacional repudia este tipo de actos por ilegales, ya que atentan contra los derechos de los pacientes en materia de consentimiento previo, libre e informado, además hablamos de posibles sanciones penales y administrativas por parte de acciones u omisiones discriminatorias, dolosas y/o sistemáticas en el personal involucrado en estos casos. Por otro lado, en el campo internacional se puede estar atentando directamente contra el Convenio de Estambul y el Estatuto de Roma que tipifican y condenan el acto de impedir la capacidad reproductiva de las mujeres. Así mismo, en nuestra región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al respecto, en sentencias como el Caso I.V. contra el Estado de Bolivia o el Amparo en revisión 1064/2019, pues concluye que la esterilización forzosa es una contravención al derecho a la salud, a la libertad e integridad personal, es cruel, inhumano, degradante y eleva al grado de tortura la ligadura de trompas de falopio sin consentimiento completo, previo, libre, informado y directo del paciente.
Por estas razones, hacemos un llamado a aplicar objetivamente un enfoque de género en los servicios de salud, para no caer en posibles actos delictivos que vulneren la integridad de las mujeres. Las secuelas físicas y psicológicas de estas malas prácticas pueden acompañar a las víctimas hasta el fin de sus días. Pedimos respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas y un alto al silencio de la violencia obstétrica en Panamá.
La autora es abogada
