El diputado no fue sancionado por actos libidinosos, porque faltó un voto.Excusa.
El deber de la Contraloría se circunscribe a determinar si Panama Ports Company ha cumplido con sus compromisos contractuales. Excusa.
Como estamos en pandemia, en la subcomisión de la Comisión de Credenciales donde se debatió el proyecto de reformas al reglamento de la Asamblea, sólo se admitieron doce personas y a ningún medio de comunicación. Excusa.
Eso es lo que tenemos, muchas excusas -y baratas- para no hacer lo que la Constitución y las leyes disponen que se haga en razón del interés de la Nación y no de los funcionarios de determinadas instituciones o empresas.
No hay ninguna norma que establezca para los ciudadanos comunes, privilegio alguno que pueda servirnos para evadir responsabilidades penales, pero para los diputados sí hay, pues ellos han dispuesto, para sí mismos, que tiene que ser una mayoría calificada, en una votación llevada a cabo por magistrados que antes de llegar a serlo, debieron pasar por la aprobación –adivinemos– precisamente de los diputados, quienes además tienen la facultad de juzgar a los magistrados de la Corte Suprema, como dispone la Constitución, como la dejaron la última vez que la modificaron, que en cambio, no señala que se requiera una mayoría calificada, en este caso de dos tercios.
No hay norma alguna que instituya a la Contraloría con iniciativas para proponer medidas como la venta de las acciones de la que es dueño el Estado panameño y, menos aun, indicando a quién deben venderse, descartando el procedimiento de la licitación pública; sí hay, en cambio, el deber que tiene la Contraloría de adoptar medidas para que se hagan efectivos los créditos a favor de las entidades públicas, según ordena el numeral 6 del artículo 280 de la Constitución, por lo que pregunto, ¿cómo es que para proponer la venta de acciones del Estado a Panama Ports sí se puede, y para reclamar el pago de las ganancias en razón de los dividendos debidos al Estado por sus acciones por muchos años, no hubo iniciativa oportuna alguna?
Todos los parlamentos democráticos del mundo tienen sus sesiones abiertas al público, especialmente a sus nacionales, y desde que la tecnología permite la difusión masiva de noticias, voz e imágenes, las reuniones parlamentarias están abiertas también a la prensa, pues es la mejor manera de actuar con transparencia y que se pueda apreciar que las instituciones democráticas laboran teniendo al interés del pueblo como guía. Pero en nuestro parlamento, la Asamblea Nacional, con el pretexto de que hay pandemia, sólo doce ciudadanos fueron admitidos al debate de un proyecto de reglamento de esa misma Asamblea llena de neblina, oscuridad y vibraciones negativas, de los 2.5 millones de ciudadanos que hay, y no se admite a ni un solo medio de prensa, como para que nos demos por satisfechos. Y creen que su elevada inteligencia está tan fuera de nuestro alcance, que no nos damos cuenta de sus maniobras truculentas.
Es hora de que los ciudadanos, en un pacto por el fortalecimiento de la institucionalidad, con los funcionarios del Ejecutivo que tengan la disposición de sumarse, con los del Judicial que tengan la voluntad de renovación de ese órgano del Estado y con los que han resistido los embates de la corrupción enquistada en la administración pública, la depuremos.
Al Ejecutivo le corresponde cortarle el flujo de recursos que hace peligrosamente fuerte al depredador, que no es otro que el Legislativo, y al Judicial poner a responder a quienes tenga que juzgar por sus excesos, que no son pocos. Abundarán las pruebas y los testimonios si se proyecta una genuina voluntad de cumplir los deberes que la Constitución impone, con sujeción a esta y a las leyes, pero sin contemplaciones. La fuerza pública debe cuadrarse también con sus deberes y obediencia a las autoridades instituidas y los ciudadanos bloquear con solidaridad todo intento de eludir lo que las leyes y la decencia exigen.
Sumamente triste que a estas alturas, por otra parte, los partidos políticos, que deberían ser la vanguardia de la lucha por la prevalencia de la ética en los actos del Estado, hayan pasado a ser acólitos de la perversión pública que nos aqueja. Por eso y sólo por eso, ya no tienen ninguna legitimidad material entre los ciudadanos y se han convertido en puente para oportunidades de depredación; ojalá recuperaran su espíritu altruista y benefactor en favor del pueblo al que por ahora sólo utilizan como escalera para subir al entarimado de los fondos públicos a continuar saqueando lo que queda, pervirtiéndolo para hacerlo cómplice con las migajas de sus jugosos robos. Necesitan recuperar el orgullo por sus luchas para ser, que no para tener. Así haremos de Panamá una nación grande y desarrollada, sin excusas baratas.
El autor es abogado y exmagistrado del Tribunal Electoral
