Hace días, la Associated Press difundió un despacho fechado en Santo Domingo –lo publicaría El Nuevo Herald bajo el título de República Dominicana espera a Zelaya-, que llamaba la atención no porque el Presidente dominicano anunciara que esperaba rescatar al desplazado Presidente hondureño de la madriguera en que, con el visto bueno del Presidente brasileño, lo había metido el Presidente golpista venezolano, sino por la cantidad de veces que empleaba la expresión de facto.
De facto, para entendernos, no quiere decir otra cosa que de hecho, solo que en latín. ¡Hombre!, en lenguaje forense y a menudo en el periodístico, se utiliza para establecer lo que es por alguna razón irregular frente a lo que debiera ser con arreglo a derecho, que sería de jure.
Así que el despacho sonaba a falsete no solo por la sobreabundancia de la expresión de facto, sino porque en todas las ocasiones la aplicaba torticeramente, dando a entender que el gobierno provisional hondureño es una entidad carente de legitimidad, cuando resulta que la posee entera.
El despacho, en referencia a la situación política del país centroamericano, hablaba de un “presidente de facto” que, por supuesto, es Roberto Micheletti y de un “canciller de facto”, que es Carlos López. En adición, aludía en dos ocasiones a un “gobierno de facto” y en otras tres a unas “autoridades de facto”. Todo en la Honduras actual, al parecer, es de facto, según el reportero.
Pero, entonces, uno se pregunta: ¿cómo es que ni de casualidad mencionó los de facto petrodólares enviados por el de facto injerencista Hugo Chávez para sufragar las actividades de facto sanguinarias de los infiltrados de facto terroristas nicas y cubanos en Honduras?
De facto el periodismo, como tantas otras cosas en este mundo en el que mejoran las tecnologías y nos sorprenden cada día los avances de las ciencias, no va a mejor, sino a peor, y puede que hasta desaparezca en sus formas tradicionales. Pero, mientras tanto, las agencias deberían abstenerse de distribuir despachos escritos por corresponsales, de facto anónimos, que no se atienen al principio, digamos de jure, del mínimo de imparcialidad que debe regir la profesión.