[LIBERTAD DE CULTO]

En favor de la ley y la tolerancia

Ningún gobierno tiene la autoridad para negarle a una persona su derecho a construir en su propiedad un lugar dedicado a la oración y menos a discriminar a una religión en particular.

La posible construcción de un Centro Cultural Islámico en Nueva York ha desatado una virulenta controversia sobre la libertad de cultos, la naturaleza del islamismo y el protocolo adecuado para honrar la memoria de las víctimas de los atentados de septiembre 11. La controversia se centra en la cercanía (tres cuadras) al espacio donde estuvieron las Torres Gemelas y que hoy es considerado sagrado.

Los patrocinadores del Centro, el imán Faisal Abdul Rauf, quien lleva ya tres décadas predicando tolerancia en una mezquita que actualmente se localiza a unas cuadras del sitio en cuestión, y su esposa Daisy Khan, directora de la Sociedad Americana para el avance de los musulmanes, describen el nuevo centro como un espacio dedicado a la reconciliación entre el Islam y Occidente. Lo ven como un espacio de convergencia para quienes condenan el terrorismo, cultivan la tolerancia y procuran entendimiento y respeto a todos las diversas religiones.

El edificio tendría una altura de 13 pisos e incluiría áreas deportivas, una escuela culinaria, una biblioteca, estudios de arte y salas para exhibiciones, un teatro y un oratorio, no una mezquita, porque, según explica Khan, el oratorio les permitiría reservarse el derecho de admisión, algo que sería imposible si se tratara de una mezquita. En su empeño cuentan con el aval de las autoridades, de líderes religiosos judíos, de otras denominaciones religiosas y de familias de las víctimas del atentado.

Quienes se oponen a su construcción parecen ignorar deliberada o inadvertidamente las diferencias entre un oratorio y una mezquita. Así mismo, parecería que se niegan a aceptar que el Islam y Al Qaeda son dos entidades distintas, que no todos los musulmanes son miembros de Al Qaeda, y que muchos de ellos condenan las acciones del grupo terrorista y su ilegítima autodesignación como representantes del islam.

Entre los opositores a la construcción del centro islámico hay familiares de personas que fallecieron en los atentados del 11 de septiembre, y políticos oportunistas como Newt Gingrich, quien alguna vez fuera el líder de la mayoría republicana en el Congreso, quien ha dicho que “no debería haber una mezquita cerca del lugar donde estaban las torres gemelas mientras no haya sinagogas o iglesias en Arabia Saudí”. ¿Pensará acaso que Estados Unidos debería seguir el ejemplo de los sauditas en lo referente a tolerancia religiosa?

Otros comentaristas han propuesto que se construya el edificio en otro lugar de la ciudad no tan cerca de un espacio sagrado que pertenece única y exclusivamente a quienes ahí sufrieron y perecieron, y cuyo sacrificio obliga a preservar “la dignidad y la memoria del sitio”. El problema con esta alternativa, que suena razonable, es que impedir la construcción del Centro quebrantaría el derecho constitucional de las personas a decidir dónde orar. Más aún, ningún gobierno tiene la autoridad para negarle a una persona su derecho a construir en su propiedad un lugar dedicado a la oración y menos a discriminar a una religión en particular.

Yo concuerdo con quienes abogan por respetar el texto constitucional y pienso que ningún gobierno tiene autoridad para decirle a nadie dónde debe invertir ni en qué tipo de proyectos. Me sorprende la resonancia del caso porque el sitio escogido lleva ya tiempo de ser un oratorio musulmán. Por otro lado, me parece una barbaridad que no se quiera distinguir entre una religión, el islamismo, y un grupo terrorista, Al Qaeda.

Afortunadamente, hasta este momento la ley, la moderación, la tolerancia y la razón han ido imponiéndose aunque quedan pendientes algunas demandas legales. A mi juicio, lo que finalmente allanará el camino para que se construya el centro islámico es que el texto de la Primera Enmienda de la Constitución, sin ambigüedades, le prohíbe a la legislatura promulgar ley alguna respecto a la adopción de una religión o que prohíba la libertad de culto, de expresión, de prensa, de reunión, o de petición.


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