Para quienes tenemos algunas canas de experiencia y vivimos muchos de los avatares de nuestra Panamá durante las últimas décadas, el nombre de la Corporación Financiera Nacional (Cofina) representa lo peor de la escandalosa corrupción de la dictadura militar. Cofina significa millones de dólares de fondos públicos otorgados en préstamos que nunca se pretendieron cobrar. Significa proyectos fantasmas y obras imaginarias cuyos creadores recibieron todo el dinero que quisieron del Estado, pero que una vez embolsillado y teniendo como cómplices a los funcionarios de la propia institución, nunca tuvieron la intención de pagar.
Varios nombres que han vuelto a relucir en esferas gubernamentales fueron señalados como actores en estos préstamos. De una manera u otra se vieron involucrados en los escándalos de ese tiempo. Pero como la justicia en Panamá anda más ciega que en el resto del mundo, ninguno se encuentra cumpliendo penas por los millones que se perdieron.
Ahora resulta que el Gobierno de forma autoritaria solicitó y obtuvo de la Asamblea Nacional poderes extraordinarios para legislar a puertas cerradas, o sea, secretamente por medio de decretos con fuerza de ley para entre otras cosas terminar con la existencia y con las responsabilidades de Cofina. Nadie sabe de los préstamos sin pagar, de las cuentas pendientes ni de los informes de auditoría que no se han publicado.
Tampoco se sabe de qué modo sería Cofina eliminada, o qué pasaría con la responsabilidad personal de sus antiguos funcionarios, secretos bien guardados que solamente conoce el Presidente de la República.
En el debate en la Asamblea sobre estos poderes extraordinarios, varios diputados de la oposición acusaron al gobierno de querer tapar la realidad de Cofina al querer legislar por decreto sin que la ciudadanía conociera de los informes de la institución ni de las investigaciones avanzadas por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) de la Contraloría General de la República.
El decreto con fuerza de ley que apruebe el Gobierno para acabar con Cofina debe ser aprobado por los ministros de Estado. Es llamativo que uno de esos ministros, el de Economía y Finanzas, fue en el pasado nada menos que presidente de la junta directiva de Cofina. Otros funcionarios actuales también son mencionados en las actividades de Cofina. No sería ni correcto ni transparente que quienes de alguna forma hayan estado vinculados con esa institución sean los que en secreto decidan cómo cerrar este capítulo de millones robados y de impunidad en el que nadie ha salido condenado.
El viejo escándalo de Cofina no es asunto para discutir a puertas cerradas. Tiene que ser ventilado a la vista de todos de forma transparente. En el caso de que el Gobierno de todas maneras decida darle un final a oscuras, en el misterio y el secretismo que rodea a los decretos con fuerza de ley, la imposición que esto conlleva acabará rebotando en la reputación y la palabra empeñada de los que una vez prometieron un gobierno con "cero corrupción".
El cumplimiento de esa ambigua promesa está por verse.
El autor es empresario
