La última tanda de medidas de presión, de parte de Estados Unidos contra el gobierno de facto y sus adherentes, no logró quebrar la resistencia de los gobernantes y empresarios al reintegro del derrocado presidente Manuel Zelaya. El pasado fin de semana se conoció que Washington le retiró la visa a casi todo el estamento político y empresarial hondureño, como un castigo por su negativa de firmar el llamado “Acuerdo de San José”, redactado por el presidente costarricense, Óscar Arias, y que consiste básicamente en el regreso al poder de Zelaya. Al presidente de facto Roberto Micheletti, el canciller Carlos López Contreras, 14 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, varios diputados, y a empresarios como el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, les fue retirada la visa para ingresar a Estados Unidos.
Las organizaciones empresariales, junto con los líderes de las iglesias católica y evangélica, han apoyado la salida de Zelaya del poder y defendido la gestión de Micheletti. Previamente Estados Unidos había cancelado las visas al titular del Congreso Nacional (parlamento), José Alfredo Saavedra; al fiscal general, Luis Alberto Rubí; al comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio López, y al ministro de Defensa, Adolfo Lionel Sevilla. Pero la respuesta de los afectados fue que no permitirán el regreso de Zelaya al poder y que continuarán con sus gestiones diarias hasta que se celebren las elecciones el 27 de noviembre, y el ganador de estas asuma la Presidencia de Honduras el 27 de enero de 2010.
En torno a las visas, el propio Micheletti dijo que “nadie se muere por tener una visa” estadounidense. El presidente de la federación patronal hondureña, Amilcar Bulnes, dijo el lunes pasado que “lo importante es Honduras, no una visa” en referencia a que la comunidad empresarial no cederá en su apoyo a la salida de Zelaya y en defender la actual administración de facto de Micheletti.
Además del retiro de visas, Estados Unidos congeló la ayuda financiera de la cuenta del milenio, así como asistencia militar, además de suspender el servicio de expedición de visas a la gente común por su oficina consular.
El Departamento de Estado estadounidense también ha señalado que no reconocerá las elecciones y a las autoridades que emerjan de ellas si el gobierno de facto no permite el regreso de Zelaya. Pero las autoridades hondureñas y los partidos políticos han sostenido que las elecciones fueron convocadas antes de que Zelaya saliera del poder, y es un proceso que se inició en 2008 con las elecciones primarias que definieron los candidatos presidenciales de los dos partidos tradicionales, el gobernante Liberal y el opositor Nacional. El ministro de la Presidencia, Rafael Pineda Ponce, dijo que las elecciones son un derecho inalienable de todas las naciones y que no será un grupo de países el que le prive de ese derecho a los hondureños.