La decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del pasado 23 de enero de 2020 es un claro ejemplo del posicionamiento que pueden lograr algunos Estados a nivel internacional, si su política exterior se encuentra alineada al derecho internacional y a los derechos humanos. En dicha decisión, la CIJ le ordenó a Myanmar tomar todas las medidas en su poder para prevenir que su ejército y otros sujetos lleven a cabo actos genocidas en contra de la población Rohingya. Lo curioso de este hecho histórico es que su principal promotor, el Estado que demandó a Myanmar ante la CIJ, es el país más pequeño de toda África: Gambia.
Gambia demandó a Myanmar ante la CIJ por violar la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio (1948), en el interés de proteger a los musulmanes Rohingya, quienes, según la Corte, se encuentran frente a un peligro real e inminente. Según el Dr. Azeem Ibrahim (Center for Global Policy), con esta acción Gambia está intentando retomar sus raíces de defensor continental y global de los derechos humanos, abrazando los principios y valores del humanitarismo global, demostrándonos que en un mundo en donde el orden jurídico internacional se encuentra bajo ataque, una robusta defensa está surgiendo de los rincones menos esperados del mundo y que esta respuesta podría traducirse en un renacimiento de los valores humanitarios a nivel global.
En líneas similares, el Principado Liechtenstein se destaca por ser un férreo defensor del Estado de derecho y la justicia internacional, con un enfoque especial en la justicia penal internacional. Liechtenstein apoyó a la Corte Penal Internacional desde sus inicios, trabajando de forma activa en la Asamblea de Estados Partes, y llegando incluso a presidir, en la figura del Embajador Wenaweser, la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma en Kampala, Uganda, en donde se definió el crimen de agresión. Recientemente, Liechtenstein ha encabezado iniciativas para prevenir la impunidad en casos de atrocidades, especialmente, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas falla en tomar acciones concretas. En particular, lideró los esfuerzos para crear un mecanismo de asistencia en la investigación de los crímenes cometidos durante la guerra civil en Siria.
Ambos Estados (Gambia y Liechtenstein) destacan por su pequeña extensión territorial, pero también por su tradición humanitaria con un enfoque particular en la justicia internacional. En tal sentido, Panamá debería estar en capacidad de extraer importantes lecciones de ambos Estados y aplicarlas a su política exterior. Liechtenstein abolió su ejército poco después de la guerra austro-prusiana (1866) y sigue, hasta la fecha, una política de neutralidad. Esta neutralidad y la proscripción del ejército no le han impedido pronunciarse en contra de atrocidades y jugar un rol protagónico en la agenda penal internacional. Por su parte, a Gambia le tocó lidiar por 22 años (1994-2016) con un solo gobernante, Yahya Jammeh (quien llegó al poder mediante un golpe de Estado al Presidente Jawara y se legitimó mediante elecciones en 2001). No fue hasta las elecciones de 2016, en las que resultó vencedor Adama Barrow y la subsecuente intervención militar de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental en enero de 2017, que Jammeh entregó el poder. A partir de 2017, Gambia decidió retomar su liderazgo en derechos humanos a nivel continental y mundial, inicialmente promovido por el Presidente Jawara (quien lideró esfuerzos para desarrollar una comisión de derechos humanos para toda África, cuya sede se estableció en Banjul, Gambia, luego de la promulgación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos).
Panamá tiene también una amplia tradición en materia de derechos humanos y justicia penal internacional. Solo es necesario recordar los aportes del doctor Ricardo J. Alfaro a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Convención contra el Genocidio, así como su propuesta de un organismo judicial (una cámara criminal dentro de la CIJ) para lidiar con los crímenes atroces en el seno de la Comisión de Derecho Internacional. También tenemos una rica historia en el ámbito multilateral, manifestada en las negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter y en las múltiples ocasiones en que hemos ocupado un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También, vivimos una dictadura militar por 21 años para luego abolir, a nivel constitucional, nuestro ejército. La neutralidad del Canal de Panamá no impide la formulación de posturas concretas respecto a los crímenes atroces. Existen situaciones en las que, tal como lo ejemplifica Liechtenstein, la neutralidad por más “impedimento” que pudiese representar, no puede ni debe sobreponerse a los mejores intereses de la humanidad.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional