La seguidilla de comentarios desafortunados desde el sector empresarial panameño parece imparable. Haciendo alarde de una estructura mental incapaz de “ponerse en los zapatos del otro” o de comprender que las experiencias particulares no explican los fenómenos sociales, la piñata de declaraciones poco reflexionadas empezó con las de la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, quien en enero hizo gala de su desprecio por los derechos humanos al ironizar en relación con el derecho de acceso al agua de los panameños.
Luego siguió el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, quien en abril dijo que mantener la cuarentena para cuidar la salud de los ciudadanos era una medida contraproducente, “si vamos a tener un país en bancarrota”; para después añadirse la declaración de un comentarista deportivo, que mandó a la población a comer dos veces, en vez de tres, para enfrentar “creativamente” la crisis social generada por la pandemia.
El último capítulo de esta seguidilla se remata ahora con un artículo de opinión publicado en éste medio el 18 de mayo pasado, en el que un miembro de la Fundación Libertad sugiere que la disconformidad ciudadana actual es consecuencia de un “virus aún más peligroso y contagioso” que la Covid-19: el virus del resentimiento social o “RS-20”.
El autor del artículo titulado “Resentimiento social (rs-20): la peligrosa mutación de la Covid-19” dice, y con razón, que todos los sectores del país están siendo víctimas de la pandemia. Es, como sabemos, un virus que ha impactado al mundo entero. Lo que no dice es que, en un país tan profundamente desigual como Panamá, no a todos ha golpeado con la misma fuerza. Que la cuarentena se ha vivido distinto para quien tiene ahorros o mantiene su empleo, que para aquellos trabajadores suspendidos, los que ya venían desempleados, para el 45% de los trabajadores informales o para aquellos que viven en pobreza o en pobreza extrema.
El miembro de la Fundación Libertad señala también que, una vez liberados de la cuarentena, la recuperación solo será posible mediante “un gran acuerdo nacional” en el que cada quien “tendrá un rol que jugar”. Tomando en cuenta la composición de la mesa consultiva para la recuperación económica, pareciera que el papel de cada quien ya está definido: las mismas figuras de siempre impondrán su visión económica y política, mientras al resto –trabajadores, mujeres, población afro e indígena y pequeños propietarios de negocios- les tocará asumir las consecuencias de dichas decisiones con mansedumbre, para no ser calificados de “resentidos sociales”.
De hecho, en el propio artículo se propone una hoja de ruta con medidas que podrían aumentar la precariedad y vulnerabilidad de los trabajadores, tomando en cuenta los desenlaces que la política del “Estado facilitador” y del “dejar hacer” al mercado sin ningún tipo de contrapeso han tenido sobre los países y sus ciudadanos. “Se deben buscar los cambios estructurales necesarios en nuestra legislación para que el sector privado pueda recuperarse y liderar la recuperación económica del país”, se lee, refiriéndose a aspectos laborales, migratorios, tributarios y sociales. ¿Qué nos dice la experiencia sobre las reformas laborales realizadas en Panamá? ¿Se han traducido en una mejor calidad de vida para la clase trabajadora? ¿Gozamos de mayor poder adquisitivo? ¿Quién paga más impuestos en el país?
Quizá la última parte del artículo citado sea la más reveladora. El autor señala que el virus del resentimiento social “nace por malas intenciones” y se contagia por ignorancia. Que para evitar el contagio y trabajar todos juntos por un país más próspero se requiere una población mejor educada, libre de rencores, positiva y capaz de enfrentar cualquier reto.
La experiencia también nos indica qué entiende el sector empresarial por “población mejor educada”: individuos poseedores de una serie de conocimientos puramente instrumentales, adecuados para satisfacer las necesidades del mercado, que repitan como mantra el discurso de la productividad y el crecimiento económico sin fin, y que consideren que el pensamiento crítico y el debate son una repelencia.
Después de todo, desde el principio está claro lo que el autor entiende como “vivir bien”: tener salud, ingresos suficientes y confianza en el futuro. Creo que nadie argumentará en contra de la necesidad de tener salud; la pandemia lo ha hecho más que evidente. Pero “vivir bien” es muy distinto del “buen vivir”, y para lograr lo segundo hay que alcanzar más escalones de los que nos vende como paraíso la economía del libre mercado.
La autora es periodista