El consorcio que adelanta la ampliación del Canal pretende una indemnización de escándalo, sin que el reclamo muestre una justificación clara y contundente.
El país ha cerrado filas en torno a la Autoridad del Canal de Panamá, convencido de que le asiste la razón en su rechazo al exabrupto, a la vez que exige sometimiento irrestricto al contrato pactado, que siguiera al referendo mediante el cual los panameños aprobamos la ampliación de la vía.
Aunque la intención de fondo es loable y digna de aplauso, no le hace falta a esta causa la manera desaforada en que nuestro gobernante tercia en el asunto; más bien podría descuadernarla. Y debe insistirse en la necesidad y el deber de resguardar al Canal de las presiones de la política partidista, como la Constitución manda.
Y es que hace mucho ruido que el representante residente de la contraparte de Panamá en este contencioso, sea uno de los más influyentes consejeros políticos de nuestro Presidente.