Los incentivos fiscales constituyen un subsidio que tiene el propósito de que se traduzca en más inversión y empleos, en fin, en más beneficio social y económico para el país en general. Sin embargo, no todos los incentivos, en el caso de nuestro país, han logrado estos propósitos. Algunos no han contribuido a generar empleos, sino a ahondar, aún más, la brecha que existe en la mala distribución de la riqueza en nuestro país.
Ahora bien, efectuando una revisión de los incentivos fiscales para promover la inversión en Panamá, encontramos que existen aproximadamente 40 normas legales y otras disposiciones contenidas en el Código Fiscal que han beneficiado a varios sectores de la economía. Además de una legislación especial para garantizar la estabilidad jurídica de las inversiones en nuestro país y 14 convenios bilaterales con el mismo propósito.
Desconocemos que se haya realizado una evaluación de los incentivos fiscales vigentes, con el propósito de determinar cuáles han sido sus resultados concretos o cuánto cuestan dichos subsidios contra sus beneficios al país, por ejemplo, en términos del número de empleos generados o divisas, etc.
Es necesario que se analice dicho conjunto de disposiciones legales –algunas de las cuales datan de hace 30 años, por lo menos– para determinar ciertamente cuáles de ellas han tenido o han cumplido con el fin para el que fueron aprobadas y, muy importante, que no se hayan constituido en fueros para evadir el fisco o para acumular más riqueza, sin ningún impacto positivo en la economía del país.
También hay que determinar si es necesario algún nuevo incentivo, cuáles debieran mejorarse, ampliarse o prorrogar su vencimiento si así fuese el caso y, finalmente, cuáles de estas disposiciones legales no tienen ningún sentido, o son letra muerta porque su vigencia no representa o no tiene ninguna utilidad práctica o es onerosa para el Estado y la sociedad, razón por la que deben modificarlas o eliminarlas.
Finalmente, es importante que el nuevo gobierno revise las políticas nacionales relacionadas al tema de los incentivos para la generación de empleos, especialmente en estos momentos, para ajustarlos a una nueva visión de cambio en donde el apoyo al sector privado no radique necesariamente en más subsidios fiscales, sino, por ejemplo, en definir políticas y estrategias nacionales dirigidas a otorgar mayores y mejores facilidades del crédito, especialmente al micro y pequeño empresario, generadores principales del empleo en nuestro país. También para promover la capacitación a todos los niveles, a incentivar las transferencias e innovación de tecnologías, a desburocratizar y a garantizarle al inversionista en este país que todo el proceso es transparente.