Correctivos

Inseguridad jurídica, un atentado contra la economía

Inseguridad jurídica, un atentado contra la economía
Es imperativo que el gobierno fije sus ojos en instituciones como ANATI y el Registro Público para detener de una vez por todas estas arbitrariedades

Recientemente se hizo pública una acción judicial contra el administrador de ANATI, José Gabriel Montenegro, luego que este revocara un acto que el mismo había firmado para favorecer a una sociedad anónima en perjuicio de otra. Se decía textualmente en la nota publicada en un medio escrito lo siguiente: “En la demanda se detalla la forma inusualmente expedita en la tramitación de la petición del representante legal de la sociedad anónima Puerta del Este, hecha por el administrador de ANATI y la comunicación coloquial e irregular entre ambos, así como la apresurada orden para la anulación de una inscripción en el registro público que había cumplido con todos los requisitos técnicos y legales y que el propio Montenegro había autorizado” Es preocupante también la actuación de los funcionarios del Registro Público, quienes accedieron a revertir la titularidad de la propiedad de manera expedita pasando por alto los procesos jurídicos correspondientes.

Una simple búsqueda de publicaciones en medios locales nos demuestra que las irregularidades en la titulación de propiedades no es algo nuevo, desde hace muchos años son frecuentes las noticias sobre denuncias por la apropiación indebida de fincas y propiedades en Panamá, recordemos el sonado caso ocurrido en 2011 cuando el ex gobernador de Coclé, Darío Fernández fue asesinado luego que descubriera un complejo entramado de estafa y usurpación de títulos de propiedad, en el que una red de 15 personas, se apoderaron de forma fraudulenta de al menos 30 fincas y valiosos terrenos, falsificando escrituras públicas.

En 2020 el señor Christopher Field, un inversionista estadounidense denuncio que había sido despojado de varias fincas en Boquete y Gualaca por parte de una banda que clonó el título de propiedad de una finca, que titularon dos veces para luego pedir un préstamo con base en un documento falso, causándolo un lesión de miles de dólares a una empresa financiera. Son tres ejemplos claros donde se atenta contra la seguridad jurídica de panameños y extranjeros quedando de manifiesto el riesgo que significa Panamá a la hora de hacer una inversión o registrar una propiedad.

Escucho con frecuencia hablar de la necesidad de reactivar la economía mediante la inversión tanto local como la que llegue del exterior, pero si realmente queremos que el país sea bien visto como destino atractivo para inversiones es imperativo que el gobierno fije sus ojos en instituciones como ANATI y el Registro Público para detener de una vez por todas estas arbitrariedades, poner orden y acabar con la inseguridad jurídica que mancilla el nombre y la reputación del país. El dilema está planteado; ofrecer garantías y seguridad jurídica a la inversión y la propiedad privada o continuar el camino equivocado de la economía de amiguetes y su secuela ahuyentadora de la inversión.

El autor es comunicador social

Edición Impresa