Como padres de familia responsables, nos preocupa el ambiente en que crecen nuestros hijos, un ambiente cargado de sexo, drogas y violencia que se encuentra al alcance de la mano y, muchas veces, dentro de la misma familia. Precisamente por estos factores ajenos a nuestro control y a la crisis existente dentro de las familias actuales, es que se hace necesario educar a nuestros hijos en temas como la sexualidad. Así mismo, creemos que educar es mucho más que solo informar sobre hechos físico–biológicos, es formar íntegramente a la persona, suministrándole la información técnica; valores y principios éticos y morales que deben ser el sustento de todo proyecto de vida.
Se supone que los encargados de proponer y aprobar leyes deben tomar muy en cuenta a todos los involucrados en el tema de dicha ley para que todos den su aporte; a fin de que pueda convertirse en una herramienta moderna que fortalezca nuestra sociedad.
En el tema del actual Anteproyecto de Ley Integral de Salud Sexual y Reproductiva, consideramos, que si lográramos una ley que surja del consenso de las instituciones gubernamentales, los clubes cívicos, los clubes de padres de familia y ¿por qué no? de las iglesias que conviven en nuestro país, evitaríamos resultados como el de la ley del menor infractor, que lejos de convertirse en una herramienta para resocializar a los menores que delinquen, se ha convertido en una herramienta de impunidad para que los adultos manipulen a los menores para la realización de sus crímenes.
Sentimos mucho ver, que en la ley sobre salud sexual y reproductiva, no se le ha dado toda la participación a la sociedad, ha emanado casi exclusivamente de las instituciones del gobierno, y ahora se pretende imponer, presentándola como la mejor opción para disminuir los niveles de embarazos, el sida, la promiscuidad, etc. Afirmación que ponemos en duda, tomando en cuenta que en países como España (que además es un país desarrollado e industrializado, muy diferente al nuestro) este tipo de leyes ya lleva tiempo funcionando, y estos niveles lejos de disminuir han aumentado. Todos estos razonamientos nos hacen pensar que existen otros intereses distintos a resolver el problema que se ha planteado.
Somos conscientes y reconocemos que este proyecto tiene aspectos positivos, que son necesarios, pero mantiene otros que deben mejorarse y cambiarse, por lo que planteamos las siguientes preguntas:
¿Es prudente entregar a los menores de edad el mismo derecho al disfrute de su vida sexual, que tienen los mayores de edad, tomando en cuenta que otorgar derechos de este tipo a una persona, aún en formación, sería entregarle un poder que no estaría en capacidad de manejar, además de restarle autoridad a los padres, que con amor debemos orientarlos y corregirlos?
¿Es lógico otorgar a un menor de edad el derecho de “tomar decisiones autónomas y ejercer libre y responsablemente su sexualidad y reproducción”?, sabiendo que un menor no está ni sicológica, ni económicamente preparado para afrontar las consecuencias de estos actos, como lo es un embarazo no deseado, una enfermedad mortal, etc. Seremos nosotros, los padres, los que tendremos que afrontar las consecuencias de dichos actos, ya que además son nuestros hijos y los queremos, a pesar de sus errores.
¿Es lógico que se le otorgue al menor “el derecho a la confidencialidad de la información, relacionada con su salud sexual y reproductiva”? ¿Y cómo podremos conocer las conductas sexuales peligrosas de nuestros hijos, cómo podremos corregirlos y orientarlos, si personas como los maestros, amigos, vecinos, médicos, etc., tendrán la boca tapada por una ley que los ampara?
¿Y al final, acaso no seremos nosotros, junto con nuestros hijos, los que tendremos que cargar con las consecuencias de esos derechos que irresponsablemente les han otorgado? ¿Por qué se crea una ley que otorga tantos derechos, en lugar de crear una ley que simplemente ofrezca educación sexual integral basada en lo técnico, los valores, la dignidad humana, el autoestima, etc., y que ofrezca a los padres de familia la preparación que necesitan para hablar de sexualidad a sus hijos?
Independientemente de la postura religiosa, nosotros somos padres preocupados, como deberían estarlo la mayoría de las familias panameñas, pues ninguna ley puede estar por encima del derecho constitucional a ejercer la patria potestad para educar a nuestros hijos, y para educar es imprescindible conocer las conductas que hay que corregir, como retroalimentación de la educación que previamente les hemos dado.
Consideramos que, si bien la ley es necesaria, lo verdaderamente importante no es la creación de la ley, sino las repercusiones que tendrá en la familia, la comunidad y la sociedad en general. Es necesario que todas las partes estén dispuestas a un diálogo abierto y constructivo, libre de presiones e intereses ocultos, y con el único propósito de crear un mejor país para las futuras generaciones.