Se avecina un nuevo temporal. Será pasajero, pero puede crear un precedente: diputados de Iniciativa per Catalunya (IC) y de Izquierda Unida (IU) opinan que Benedicto XVI atentó contra la salud pública cuando el 17 de marzo declaró en Camerún que los preservativos, lejos de paliar el contagio del sida, aumentan el problema. Aunque en algunos países de África un 20% de la población padece la enfermedad, la Santa Madre defiende como único método profiláctico la abstención y la fidelidad, que en la práctica es lo mismo que llevar a un niño pobre a una juguetería y exigirle que prescinda del deseo de comprar trencitos, peluches y legos.
Los diputados quieren que el Congreso, en representación del pueblo español, se pronuncie al respecto, y que el gobierno presente una protesta formal ante el Vaticano. Es decir, lo que piden es una reprobación oficial de las palabras de Su Santidad.
Tanto IC como IU son grupos minoritarios, y si bien políticos de todos los signos manifestaron en su momento su desacuerdo con las afirmaciones del Papa, otra cosa es con guitarra. No es lo mismo hacerlo a título personal que convertirlo en asunto de Estado. Queda aún en algunos sectores de España un respeto reverencial por la figura del Sumo Pontífice, lo que lo hace intocable, y además, las discrepancias entre Iglesia y gobierno han sido antológicas durante el periodo de tiempo que Rodríguez Zapatero lleva en el poder –principalmente por la ley que equipara los derechos de los homosexuales y de los heterosexuales y por las reformas a la del aborto–. Emprenderla ahora, a clavo pasado, con el Papa no sería más que un elemento nuevo que nos distraiga de la crisis económica, de los cuatro millones de desempleados y de la posible pandemia de gripe porcina.
Eso no le quita importancia al asunto, y está por ver si la iniciativa prospera. De momento ha sido aceptada para ser debatida en la Comisión de Cooperación Internacional, lo que deja claro el trasfondo que hay en la queja: no se trata de descalificar a nadie y menos de atentar contra la fe, sino que es una cuestión de salud, ciencia y desarrollo. Según fuentes de la Agencia Española de Cooperación Internacional, España está aportando en este bienio 600 millones de dólares al Fondo Mundial contra el sida, y concretamente en África financia proyectos de varias ONG contra la misma enfermedad con más de 17 millones de euros (22 millones de dólares). Evidentemente, el grueso de las cifras se invierte en la compra y distribución de preservativos y en educar a la gente en la necesidad de usarlos como método más eficaz de reducir el contagio.
La Iglesia católica, sin embargo, toma el rábano por las hojas y se defiende. Según recogía el diario El País el pasado fin de semana, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Martínez Camino, calificó a los diputados de “grupúsculo poco respetuoso con la libertad religiosa”. Y el cardenal Cañizares ha dicho que es una “dolorosísima noticia” y “una ofensa a España misma”, por católica. Tanto patriotismo conmueve.
Mientras los españoles deshojamos la margarita, Bélgica nos había tomado la delantera: el 2 de abril, el Parlamento belga aprobó por una amplia mayoría una resolución condenando las palabras del Papa. El texto decía que sus declaraciones “atentan contra los compromisos de la comunidad científica internacional en su lucha contra la propagación del sida, especialmente a través de los medios en que la eficacia está científicamente reconocida”. El Vaticano mostró su “estupefacción y asombro” por la ligereza de los políticos belgas. El que mostró ligereza fue Benedicto XVI. Justamente por ser quien es, no puede ir por el mundo propagando despropósitos. Y si el Parlamento de la “católica” España reprueba sus palabras, será señal de que al fin nos atrevemos a contradecir a los intocables. Especialmente cuando no les asiste la razón.
