A pesar de que la dictadura militar fue defenestrada hace 12 años, la justicia no ha cambiado mucho.
Hace poco el legislador oficialista Jacobo Salas denunció en la Universidad de Panamá que es víctima de una justicia selectiva.
El empresario y publicista Alberto Conte, por su parte, es prisionero de una justicia que aún no llega.
El costo de ser civilista Conte era propietario de su propia agencia, Latinoamericana de Publicidad. También era representante del sector privado y participaba como dirigente de la Cruzada Civilista, que adversó la dictadura de Manuel Antonio Noriega.
El 22 de septiembre de 1988 fue apresado en su oficina por agentes policiales, bajo cargos de atentar contra la seguridad del Estado. Era la tercera vez que sufría prisión, pero esta vez fue conducido a la isla penal de Coiba. Su agencia y otras empresas fueron allanadas y clausuradas, sus equipos y mobiliario confiscados y, finalmente, desaparecidos.
En Coiba, y luego en la Cárcel Modelo, fue torturado físicamente, mientras que su familia se vio obligada a salir del país. El calvario de Conte concluyó luego de tres meses de prisión, cuando la presión internacional logró que le liberaran y enviaran al exilio. El producto del trabajo de toda su vida se perdió.
Justicia selectiva A su vuelta al país en 1990, arruinada su salud y su economía, Conte inicia un largo proceso judicial para lograr que se le hiciera justicia. Los responsables fueron enjuiciados y el Estado admitió que debía resarcir los daños y perjuicios.
Creo que este aniversario que se cumple me hace llegar a la conclusión de que en Panamá la justicia es selectiva, sostuvo Conte. Es la misma conclusión a la que llegó el legislador Jacobo Salas.
Conte ha comprobado que durante este período democrático sólo se le hace justicia a quien se le quiere hacer justicia. Y a los que, por alguna razón, no constituyen foco de amistad o de copartidarismo, que simplemente son ciudadanos, no hay por qué hacerles justicia, dijo.
El caso de Conte pasó por todas las instancias judiciales y logró que se le diera la razón, a pesar de que el Ministerio Público apeló cada decisión. El último fallo declara que el Estado debe pagar en subsidiaridad los daños ocasionados y establece la necesidad de que se evalúe su monto.
Han pasado dos años desde ese fallo y el caso sigue estancado. No sé -manifestó- si algún día podrá terminarse con esa crisis de justicia que sufre Panamá desde siempre en su historia. Sin embargo, estima que este no es, estrictamente, un problema económico, sino un problema ético-moral, ya que cuando el pueblo enardecido se unió a la Cruzada Civilista fue para acabar con una dictadura, cuyos defectos se quedaron enquistados.
Conte escribió una nota hace año y medio a la presidenta, Mireya Moscoso, proponiéndole que, en lugar de seguir la larga espera de los tribunales, se llegara a una transacción para el resarcimiento de sus bienes.
Conte es consciente de que el Gobierno atraviesa por una difícil situación económica y que carece de fondos para esa indemnización. Por ello, ha planteado la posibilidad de que se le pague con bonos del Estado redimibles a 10 años. A 14 años de aquel atropello, el Ejecutivo sigue mudo, pero mudo de justicia.