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La casta que desgasta la confianza ciudadana

La casta que desgasta la confianza ciudadana
Pleno de la Asamblea Nacional. LP Gabriel Rodríguez

Casta: En algunas sociedades grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás por una condición, por ejemplo, de raza, religión, hegemonía… ¿y qué tal si la condición hoy es pertenecer al grupo de políticos en ejercicio del poder en el actual gobierno?

Ejercicio de poder político que va mediado por la inscripción y rendición de pleitesía a las jefaturas de los partidos políticos. Y la definición de qué es un partido… mejor no buscarla en diccionario alguno, porque lo que tenemos aquí ni se parece a la teoría política: en la práctica se ha transformado en grandes agencias de empleo y de corretaje de poder y dinero. ¿Ideologías políticas? ¿Imaginarios colectivos que planteen lineamientos de gestión gubernamental? Nada, cosa del pasado. Y para muestra un botón: No hay real oposición política en Panamá, hay complicidades y revanchas. ¿Privilegios? A la casta les sobran en tiempos de pandemia, todo les toca primero, comenzando por salarios completos y la colocación laboral -a costa del Estado- de familiares, copartidarios y acólitos; en algunos casos hasta las vacunas y, en otros, hectáreas y hectáreas de tierras del Estado.

¿Justicia? A la casta les falta (o les sobra, depende del ángulo desde el que se mire) porque la señora ciega no los toca, sea pequeña o grande la transgresión, sin importar su naturaleza: administrativa, civil o criminal. La impunidad en formas conocidas y en nuevas prácticas concertadas en vacíos normativos o de hecho, producen decepción masiva a la ciudadanía, y profundizan el juega-vivo y el “¿qué hay pa’mí?

¿Partidas presupuestarias? A dos manos se ha subido la casta sus partidas y privilegios, los agraciados con el aguacero en sequía están en la Asamblea Nacional y en ciertas dependencias del Ejecutivo, mientras la ciencia, la justicia y otros rubros… con carencias y recortes.

¿Rendición de cuentas? Arropada la casta en un secretismo que les permite el estado de excepción de emergencia por decreto -sin control de los otros órganos- transparentan o niegan la información que es pública, a discreción del funcionario. Si bien, dentro reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que reafirmó parcialmente la opacidad en los contratos de vacunas contra COVID19, en voto razonado el magistrado Olmedo Arrocha señaló que la información de carácter restringido, debe ser declarada como tal antes y no después de que un ciudadano solicite acceso a la misma. A ver quién le pasa el memo a los funcionarios que se saben intocables.

¿Obedecer la ley?¿Respetar los derechos ciudadanos? ¿Honrar la voluntad ciudadana expresada a través de consensos y su rol de representación de esa voluntad? La casta mira para otro lado y dice: me dieron un cheque en blanco y mi hegemonía es total.

La casta política local ha creado su propios escalafones que colocan a sus miembros por encima de deberes básicos en la gestión del día a día del Estado y, ahora, con las reformas del Código Electoral, pretenden erigirse un escalón aún más arriba de la ciudadanía: perpetuar la injusticia electoral que generan los circuitos plurinominales y el voto en plancha, que permite la matemática “deerrr diablo” -como dicen en nuestra campiña- que cuenta dos y tres veces el mismo voto y hace malabares con cocientes y medio cocientes, a la que la ciudadanía ya dijo: “¡basta!”. Pretenden, además, acaparar un 97.5% del enorme subsidio pre y post electoral para los partidos, cuyos colectivos solo tienen inscritos el 50% de la población del país; en efecto creando una inequidad con los candidatos de libre postulación. Igualmente, pretenden mantener el fuero electoral y volver a desvirtuar la normativa que igualaría el campo de juego, por así decirlo, para la participación de las mujeres.

Si algo demuestra la historia, es que las castas siempre norman para sí mismas, y tratan de mantener sus privilegios. Las estructuras democráticas crean contrapesos para que esto no pase, pero en un país donde los miembros de la casta están en complicidad dentro de los órganos del Estado que deben ejercer dicho control, y no son fieles a la ciudadanía que los eligió sino a sus privilegios, ¿qué podemos esperar? Después de verlos regodearse ante micrófonos de medios con las complicidades firmemente desplegadas esta semana, queda claro que solo de la ciudadanía depende alzar la voz y decir: ¡No!

La autora es abogada y escritora


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