Los crímenes y ajusticiamientos por rencillas entre pandillas o por encargos de “grandes jefes” de la mafia organizada han ido en un aumento vertiginoso y peligroso.
En este momento las pandillas están demostrando que sus “redes de inteligencia” y capacidad de soborno están a dos y tres pasos de la policía cuyos directores curiosamente hablan en conferencias de prensa en el mismo estilo que los políticos de turno tratando de maquillar su inoperancia.
Ya que los planes de la policía nacional han caído en las redes de la propaganda cada vez que ocurre un crimen atroz, tenemos por consiguiente que la ola de asesinatos se ha ido masificando y tomando mucha mayor confianza al momento de efectuar sus ajustes de cuenta. Ya no importan la hora ni el lugar para ejecutar sus acciones que toman los mismos ribetes que una serie de televisión.
La espiral de violencia que estamos viviendo en Panamá se debe en parte a la falta de una política efectiva de reintegración de los individuos marginados de la ley y una muestra de ello es que la mayoría de las víctimas y victimarios son personas con antecedentes delictivos de vieja data.
En los recientes operativos contra el crimen organizado se han encontrado a miembros de diferentes estamentos de seguridad y de instituciones de justicia vinculados al delito de narcotráfico y no es la primera vez que esto ocurre.
Estamos viendo la “punta del iceberg” de este problema de trasiego y ventas de estupefacientes donde Panamá cumple un papel estratégico en el transporte de drogas hacia Europa y Estados Unidos. La danza de millones de este lucrativo negocio que puede cambiar niveles de vida de la noche a la mañana está tocando desde hace buen tiempo al parecer las puertas de jueces, fiscales, policías y políticos del patio.
En las postrimerías de su mandato el ex Presidente Juan Carlos Varela confesó ante la luz pública que tenía información en la cual se relacionaba a ciertos “políticos de oposición” con la narco mafia. Sin embargo, estas acusaciones no pasaron a “mayores cosas” y todo quedó archivado como suele suceder en Panamá.
No olvidemos tampoco que durante la gestión de Juan Carlos Varela se solía desviar el cuestionamiento por la ola de crímenes con la famosa expresión : “es una percepción de la sociedad”. Ahora alejados del poder, los autores de esta frase cuestionan la “falta de voluntad” del actual gobierno casualmente ante el aumento de crímenes.
Actualmente la institución policial está en una crisis de agotamiento mental, físico y moral que se ha venido acumulando en los últimos años. Este tipo de agotamiento suele ser llamado por los psicólogos como el síndrome de Burnout o “síndrome del trabajador quemado” en la cual los funcionarios llegaron hasta un límite de su rendimiento y simplemente se han quedado empantanados en su accionar. Este problema no se resolverá mientras no exista en nuestro país certeza de castigo para todo el que delinque sin importar apellidos.
Observar como los abogados con la ayuda de ciertos jueces les dan “libertad” a los delincuentes de alto perfil que tanto trabajo les costó ubicar y capturar han contribuido a minar su “amor por el trabajo”. También muchos de ellos saben del enriquecimiento y negocios millonarios que controlan los jefes de alto rango dentro de la institución a la cual pertenecen.
¿ Recuerdan la docena de muertos que hubo en una cárcel de Panamá en diciembre de 2019 como producto de rencillas entre bandas delincuenciales? Obviamente que el arsenal de armas que se utilizaron en esta reyerta fueron introducidas por alguien con mucho poder. Pero ¿dónde están los detenidos por este hecho? Simplemente le dieron paladas de tierra al problema y hasta allí.
La Policía Nacional es una de las instituciones que más presupuesto maneja, sin embargo, la criminalidad también cuenta con patrocinios multimillonarios y sabe perfectamente que la justicia y los estamentos que le acompañan se han quedado rezagados por el peso de los componentes que en un principio mencionamos.
El autor es sociólogo y docente
