A pesar de las pretensiones de individualización que prevalecen en la cultura contemporánea, los últimos meses nos han mostrado que dependemos los unos de los otros. Con la contribución de todos, de acuerdo a su capacidad y generosidad, se van haciendo nuestras ciudades y, en ellas, nuestras vidas. La situación nos pide que pasemos de la caridad, que empieza por casa y donde todos (aproximadamente) la practicamos, a la solidaridad que empieza por la ciudad y donde todos nos necesitamos.
Ahora que Panamá tiene por delante la reconstrucción de la actividad económica, el mal que debe tomar en serio es la desigualdad. La Covid-19 nos da un motivo para actuar, porque solo atenuando el primer mal, podemos resolver el segundo. Un ejemplo: la distancia física. El hacinamiento en la casa y la aglomeración en la calle, son fuentes potenciales de contagio que terminan afectando a todos.
Tenemos que adoptar unas normas de comportamiento para sostener la interacción humana necesaria que pueda poner a la sociedad en marcha.
Esas normas son, literalmente, medidas que requieren espacio y que deben aplicarse en las esferas privada y pública. En lo privado, es responsabilidad de cada uno mantener sana la burbuja familiar.
En lo público, el mejor ejemplo son las pautas de distancia que han puesto en práctica el Metro y el MetroBus, como respuestas de urgencia para garantizar la seguridad. Lo mismo puede decirse del reglamento de urbanizaciones del Miviot (junio de 2020), que ampliaron las aceras y las servidumbres viales. Y también del plan de ordenamiento del distrito de Panamá (MUPA, aún no aprobado), que propone ponerle límites a la ciudad, para que no se siga desparramando, porque si esto no convenía antes, ahora menos.
La situación llama hoy a que todos contribuyamos a poner al país de pie, a un esfuerzo de solidaridad que tenemos que adoptar, porque la salvación solo será colectiva. En nuestro marco jurídico, la Ley 94 de 1973 parece diseñada para ese efecto, al establecer la contribución de mejoras por valorización. Se trata de un instrumento basado en el efecto beneficioso que tiene la obra pública sobre la tierra urbana, ya que calles, parques, aceras, drenajes, etc., hacen accesible, conectan, embellecen y, en general, mejoran la calidad del espacio por el que pasan, aumentando el valor de las propiedades que tocan. Además, la construcción, como se sabe, es un formidable impulsor de la economía. Así que, por razones de salubridad, se podrían realizar obras de mejoramiento del espacio público y, a la vez, generar empleo, valorizar la tierra y mover la economía. En esta perspectiva, los corredores de la movilidad colectiva del Metro y el Metro bus, podrían ser proyectos de desarrollo inmediato.
Esto requiere una inversión pública inicial que, como un plan de urgencia económica, cree mucho empleo y se convierta en un crédito para los dueños de los lotes situados en el ámbito de cada proyecto que van a ver valorizada su propiedad, crédito que pueden pagar de manera diferida mediante arreglos diversos, o incluso voluntariamente, según sus posibilidades. La clave de todo esto es, claro, la transparencia. Para ello existen la Dirección de valorización del MOP y una comisión de valorización creada por la Ley 11 de 2006, donde participan MOP, MEF, Miviot, Idaan, Asamblea, SPIA, CAPAC y API, en una mezcla que representa la participación público-privada indispensable, y donde también deberían estar los respectivos municipios, para eventualmente alcanzar todo el país.
Los tiempos han cambiado, pero, como nos enseñó Gorgas hace más de un siglo, la producción de un ambiente sano se apoya en el acondicionamiento del espacio público y la creación de normas urbanas adecuadas a las cambiantes circunstancias. Planificación es el nombre técnico de la solidaridad.
El autor es arquitecto, urbanista y docente universitario.