La reciente destitución de los magistrados de la Sala Constitucional por la nueva Asamblea Legislativa salvadoreña es una medida populista ampliamente criticada por diversos actores locales e internacionales, principalmente por considerarla un atentado contra la democracia salvadoreña. Antony Blinken (secretario de Estado de Estados Unidos), Luis Almagro (secretario general de la Organización de los Estados Americanos) y José Vivanco (de Human Rights Watch) son alguno de los líderes internacionales que expresaron su preocupación por la ruptura de la separación de poderes y el Estado de derecho en El Salvador.
En reacción a estas críticas, el presidente Nayib Bukele argumentó que lo sucedido no era de la incumbencia de la comunidad internacional, y seguidamente convocó a los embajadores acreditados en El Salvador para cuestionarlos y reafirmar la soberanía e independencia de su país. Sin embargo, esta noción de soberanía tiene varios errores y no es compatible con el orden político y legal contemporáneo.
En primer lugar, se asume que la exclusividad sobre ciertos temas que pertenecen al orden doméstico se extingue cuando los Estados otorgan su consentimiento para formar parte de organizaciones internacionales, sin que se entienda que al hacerlo comprometen su soberanía e independencia (opinión consultiva sobre el régimen aduanero entre Alemania y Austria, Corte Permanente de Justicia Internacional, 1931).
Por ser parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde la suscripción de su Carta Constitutiva (1948) y suscriptor de la Carta Democrática Interamericana (CDI) (2001), El Salvador tiene la obligación de garantizar la separación e independencia de poderes como pilar fundamental de la democracia (artículo 3, CDI), y el resto de los Estados partes tiene el derecho de protestar cuando considere que ésta corre peligro.
La evidencia de que el atentado contra la separación de poderes tras la destitución de los magistrados salvadoreños es un asunto que, efectivamente, le concierne a la comunidad internacional (o, por lo menos, a los demás Estados parte de la OEA y la CDI), queda establecida en el capítulo IV de la CDI, que permite adoptar mecanismos diplomáticos para fortalecer y preservar la democracia, de manera coordinada entre los demás Estados miembros, el secretario general y el consejo permanente de la OEA.
En segundo lugar, el elefante en la habitación del que nadie habla es que la destitución de los magistrados salvadoreños se produjo en ausencia de un juicio político en el que se debatieran las causas específicas y se permitiera el ejercicio del derecho a la defensa de los magistrados.
Es importante mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, incluso, los juicios políticos ante los congresos nacionales, es decir, aquellos contra presidentes, magistrados y otros funcionarios de alta jerarquía, también están sujetos al respeto de las garantías fundamentales y, en particular, al debido proceso (Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, 2001).
Puesto que no hubo ningún tipo de control constitucional o convencional sobre la destitución, es indudable que estamos frente a una violación de derechos humanos, lo cual convierte el asunto en uno de interés de toda la comunidad internacional, por ser considerado erga omnes (Caso Barcelona Traction, Corte Internacional de Justicia, 1970).
La premisa planteada por Bukele, de que ningún Estado u organización internacional puede pronunciarse sobre las destituciones de los magistrados salvadoreños, es falsa y carece de cualquier respaldo político y jurídico, según los estándares contemporáneos. Independientemente de que el acto se llevó a cabo dentro del marco constitucional, por ser parte del sistema de la OEA, El Salvador tiene varias obligaciones en materia democrática, que pueden ser exigidas por los demás Estados partes.
Por último, la violación del derecho al debido proceso por falta de un juicio político serio y ajustado a los estándares de derechos humanos eleva el asunto a uno que concierne al mundo entero.
Independientemente de la simpatía o rechazo que se pueda tener hacia la gestión de Bukele, las acciones de la nueva Asamblea deben ser condenadas por todos las corrientes políticas que funcionan sobre la base de la democracia, especialmente por quienes creen en las libertades e instituciones.
Como acertadamente dijo el diputado venezolano Julio Borges: “No hay dictaduras de derecha o izquierda: hay dictadura. No hay dictaduras buenas o malas: hay dictaduras”.
El autor es miembro de la Fundación Libertad
