La sorpresa del viernes en la madrugada fue la sentencia del caso de Arquesio Arias. El diputado estaba acusado de abusar y violar a dos jóvenes en la comarca mientras fue doctor en el centro de salud. A pesar de que 5 magistrados - o sea la mayoría- decidió declararlo culpable de uno de los cargos de los que lo acusaban, no se logró la mayoría de 2/3 partes del pleno, es decir que faltó un voto.
Entonces pienso, ¿verdaderamente es sorpresa lo que sucedió allí en ese edificio en Ancón? ¿Nos sorprende que la motivación de los magistrados parezca ser más política que jurídica? ¿Nos sorprende que las leyes estén diseñadas para proteger y beneficiar diputados?
La relación simbiótica y nauseabunda que tienen los diputados con los Magistrados han sido tema de discusión varías veces, incluso en esta columna. Se protegen entre ellos y se mandan señales para llegar a acuerdos. Hace tan solo un mes, la Asamblea decidió archivar denuncias que reposaban en la comisión de credenciales en contra de -como por casualidad- los mismos magistrados que votaron a favor del diputado.
Pero el tema se agrava cuando la discusión deja de ser sobre institucionalidad o si quiera dinero o corrupción. En este caso estamos hablando de dos niñas de la comarca que tuvieron la valentía de denunciar y enfrentarse a un sistema que desde que nacen las considera inferiores y las abandona.
Y el diputado en cuestión volverá a la Asamblea Nacional y será recibido con vítores y aplausos por sus copartidarios quienes lo felicitarán por haber salido airoso de su enfrentamiento con la justicia, y se dará golpes de pecho diciendo que no huyó y que enfrentó al sistema para salir como hombre inocente. Sin decir que su caso es producto de un sistema donde no se juzga la causa, no hay deliberación, sino donde hay acuerdos para beneficiar o perjudicar personas. El órgano judicial ha pasado de ser un instrumento de paz social a ser una herramienta de chantajes y extorsiones.
Un órgano judicial administrado por personas cuestionadas, puestas de a dedo para cumplir funciones políticas y proteger intereses económicos cuyas decisiones están a la venta como lo han demostrado innumerables investigaciones periodísticas -obviamente no penales-.
Si queremos reformar y enderezar este país -si queremos porque hay bastante gente que se beneficia del país torcido y fallido- la justicia debe estar a la cabeza de ese esfuerzo. Debemos condenar a quienes hacen mal, y no andar regalando impunidad por ahí por la calle, porque no hay nada más envalentonante para un maleante que salir airoso de un enfrentamiento con la justicia, la impunidad hace que se sientan -y con justa razón- completamente intocables.
El autor es director ejecutivo de Movin
