La noche del pasado 18 de diciembre, el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, compareció en cadena nacional para anunciar las medidas sanitarias para el final del año. De paso, declaró categóricamente que el reciente aumento en contagios de la Covid-19 se debía a – en sus palabras– “reuniones sociales.” No hubo mención alguna de contagios de otro tipo que no fuera social, por lo cual se tenía que entender que la postura oficial del Gobierno Nacional de Panamá era que la culpa de los contagios la tenía el pueblo panameño y sus “parkings”. La siguiente es una historia real para desmentir esta idea.
Una conocida, que llamaré Raquel –por mantener la confidencialidad– trabaja en una empresa. Ella desempeña sus labores en las oficinas administrativas, sin contacto con las personas que trabajan en las sucursales de la empresa, a excepción de dos: su jefe, que llamaré Carlos, quien supervisa las sucursales, y una compañera, que llamaré Elena. Elena trabaja en una de las sucursales de la empresa, pero la empresa ha tenido que reducir personal por la crisis, así que ella debe ir los sábados a las oficinas para ayudar con algunos temas administrativos. Allí se encuentra con Raquel.
Un sábado de diciembre, uno de los trabajadores de la sucursal de Elena avisó lo peor: un familiar suyo había salido positivo en Covid-19. El trabajador, quien también había estado en contacto con Carlos, entró en cuarentena preventiva inmediatamente y se reportó al Minsa para hacerse todas las pruebas pertinentes. La empresa, por otro lado, dijo que por falta de fondos, le pagaría pruebas de Covid a todos los empleados de la sucursal afectada únicamente si el trabajador salía positivo, y no podrían cerrar la sucursal. Mientras no llegaran los resultados, tendrían que seguir yendo a trabajar.
Elena y Carlos estuvieron en la oficina con Raquel el mismo sábado que aquel trabajador dio aviso del positivo de su familiar. La sucursal de la empresa siguió operando por una semana más antes de recibir los resultados de la prueba de su trabajador. Por una suerte tremenda, sus resultados salieron negativos.
Pero, ¿y si aquel trabajador salía positivo? ¿Cuántos trabajadores hubieran seguido laborando en la sucursal sin conocimiento de su contagio? ¿Cuántas personas –tanto trabajadores como clientes– se hubieran contagiado en esa sucursal? Y, ¿en la ruta de aquel trabajador hasta la sucursal? ¿Y si luego se contagiaba Raquel en la oficina? Ella está casada y tiene hijos adultos que viven con ella y también salen a trabajar. Entonces, ¿a cuántos hogares habría llegado la Covid sin haber pasado por una “reunión social”?
Es difícil saber cuántos contagios se han dado en reuniones sociales a nivel nacional; no existen datos públicos que detallen nada sobre cómo se contagia la gente. Lo que no es difícil de ver es que el Gobierno panameño ha decidido ignorar muchos otros lugares de contagio: los lugares de trabajo, forzados a mantener activas sus operaciones a pesar de tener casos positivos para no desaparecer; las paradas del transporte público, abarrotadas por falta de infraestructura apropiada; las mismas oficinas públicas, algunas hasta cerradas por brotes que nunca se reportaron, e, imperdonablemente, los hospitales y centros de salud, donde en nueve meses de pandemia sólo se les añadió capacidad en la forma de un hospital modular turbio e insuficiente.
Cientos de miles de panameños no tienen –ni nunca tuvieron– la posibilidad de quedarse en casa. Nuestro Gobierno nunca nos dio los recursos para ello. La empresa donde trabajan Raquel, Carlos y Elena no tiene personal especializado para preparar protocolos de Covid-19 adecuados y cerrar una sucursal por una semana habría sido devastador.
No existe en Panamá un programa masivo, gratuito y rápido de pruebas, monitoreo y trazabilidad de contagios para apoyar ni a empresas ni a la población en general. Y para rematar, con un bono tan escuálido y mal distribuido como el que recibimos, muchísimas personas han tenido que salir de su casa desde el inicio de la pandemia a rifársela de verdad para poner comida en sus mesas. Porque la aplastante mayoría de las personas que están en la calle sale a trabajar, no a ver a sus amigos.
Las reuniones sociales contribuyen al esparcimiento del virus, no tendría sentido negarlo. Pero el grueso de la culpa de los contagios es de nuestro Gobierno, que nunca implementó medidas efectivas para detener la propagación del virus desde el principio –cuando se podía–, porque nunca tuvo un plan más allá del encierro.
El autor es economista y escritor