He tratado de entender la razón del nuevo Ministerio de Cultura al confrontar algunos patronatos como Panama Viejo, Portobelo y San Lorenzo, Teatro Nacional y el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, pero simplemente no comprendo la intención.
El Ministro ha hecho comentarios como el siguiente: “El patrimonio no debe manejarse como propiedad privada”. Este mensaje es gravísimo, porque deja entrever que los patronatos son fincas privadas y esto es totalmente falso. De ser verídica esta afirmación, ya el Ministro hubiese presentado una denuncia penal. Pero no lo hace porque la misma no tendría sustento. Los fondos de los patronatos son auditados por la Contraloría General de la República frente a los informes que presentan en debido tiempo, avalados por los propios patronos que representan, no solo a la empresa privada y la sociedad civil, sino a las diferentes entidades del Estado (Ministerios de Cultura, Ambiente, Autoridad de Turismo, Alcaldías, etc.). Sería interesante conocer la opinión de estos patronos (sobre todo los representantes del Ministerio de Cultural – antes el Inac), en torno a las palabras del ministro porque no los he escuchado, ni siquiera para justificar los argumentos de su jefe. Da a entender el ministro que los patronatos “hacen lo que quieren” e “invitan a quien quieren”, pero no aporta pruebas o ejemplos específicos.
También dice el ministro: “no se puede exigir que sea una cifra igual o mayor que la del año anterior si el propio presupuesto del Estado cambia y para el próximo año habrá recortes para todos”. Estas palabras conllevan un sentimiento egoísta. Sobre todo cuando el recién creado Ministerio de Cultura acaba de contratar con un arrendador de manera directa, la friolera de 76 mil balboas mensuales por 52 meses, para mudarse de edificio. Este despilfarro no compagina con la necesidad de proteger los fondos de la cultura panameña para ser invertidos en la preservación de la historia. Ahora pretenden disponer unilateralmente de los fondos que se envíen a cada patronato, que luego de notar el alquiler obtenido a través de esta contratación directa, ya entendemos la razón (disponer de la mayor cantidad de dinero).
Agrega el Ministro de Cultura: “La gente tiene derecho de ver todas las expresiones culturales, no las que un grupo decida. La cultura es todo”. Los patronatos tienen personería jurídica propia, son independientes, sostenibles y autónomos y están en la libertad de conservar, gestionar y administrar los Sitios, Museos y Monumentos que les asigna el Estado, según lo establecido en la ley. Pareciera que existe en todo esto una razón ideológica que busca un supuesto “bienestar para todos”, aunque implique el deterioro de los bienes. Por ejemplo, después de 60 años es que la revolución cubana ha entendido la necesidad de rescatar su historia ante el mundo, aunque esa demora no salvará muchos de esos bienes y propiedades literalmente destruidas por falta de mantenimiento.
No pertenezco a ningún patronato como tampoco soy un conocedor absoluto de la legislación por la cual se maneja la cultura en Panamá, pero el sentido común me impide aceptar otro comentario del ministro cuando dice: “ … no podemos seguir por el camino en que un grupo se abroga el derecho de decidir qué vemos y qué no podemos ver”. Grupos por cierto, que llevan años de haber recibido de manera pública y notoria, la confianza de los sectores público y privado dentro de los lineamientos y controles establecidos por el Estado. Lo cual en la realidad, es totalmente contraproducente con la ahora urgente necesidad de “definir cómo vamos a manejar la cultura” según el mentado ministro. Ojalá el 2020 permita un entendimiento objetivo, que no lleve a la conversión de los patronatos en lo que sigue caracterizando al Estado panameño incluso en el nuevo gobierno: una mera agencia de empleos para los miles de colaboradores de la campaña.
El autor es abogado