La más noble de todas las leyes que tiene la República de Panamá es la que descentraliza la administración pública, conocida como la Ley de Descentralización. Esta ley no está siendo debidamente comprendida ni aplicada, lo que supone un riesgo para la ciudadanía y la inversión de los fondos provenientes de la descentralización. En ese sentido, es de suma importancia que esta norma se aplique a conciencia, ya que por sí sola puede significar ese tan deseado cambio de rumbo que necesita nuestro país y, por qué no, esbozar un nuevo Panamá.
El hecho de que las decisiones emanen verdaderamente del pueblo y que sean los gobiernos locales los que tengan las competencias y fondos para resolver los problemas de sus comunidades y así poder mejorar la calidad de vida de todos sus moradores, no solo es el epítome de una administración pública de calidad, sino que marcaría un antes y un después en la formulación de políticas públicas de la región. Puesto que somos un país relativamente pequeño y que debiera ser fácil de administrar, creemos que el futuro de Panamá pasa por la descentralización.
El Gobierno Central ha demostrado que no puede resolver los problemas ni mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y por eso necesita la ayuda de sus gobiernos locales. Adicionalmente, cuando un Estado decide iniciar un proceso de descentralización de la administración pública, vía traslado de competencias hacia los gobiernos locales, el respeto a la participación ciudadana se convierte en pilar fundamental de dicha transición.
La Ley de Descentralización, con sus respectivas modificaciones, nos deja claro cuáles son las herramientas y mecanismos de participación ciudadana que deben ser garantizados por la recién creada Autoridad de Descentralización, a fin de que el Gobierno Central pueda sentirse cómodo y seguro trasladando competencias y fondos de la descentralización a gobiernos locales, en pos del desarrollo del país.
La primera herramienta que nos da la Ley 37 de 2009, y que claramente no se está utilizando, es la clara obligatoriedad que tienen los gobiernos locales (entiéndase en ese caso juntas comunales) de organizar las juntas de desarrollo local en todo el país, para que estas últimas puedan participar en el diagnóstico de problemas e incidir en la toma de decisiones dentro de sus comunidades. La segunda herramienta, y que nos la da la Ley 66 de 2015, que tampoco se aplica a cabalidad, es la de rendición de cuentas, a través de los distintos mecanismos de participación ciudadana. Esta herramienta es un requisito indispensable y condición sine qua non para que haya descentralización.
Pareciera que muchos gobiernos locales creen que la descentralización es simplemente agarrar una plata del Gobierno Central y gastarla en la primera bobería que vieron en otro país o que sienten les pueda ayudar a mejorar su imagen y allanar el camino de su reelección en el cargo. Por el contrario, la Ley de Descentralización busca sembrar valores positivos en la sociedad para que sean los ciudadanos los que indiquen, de abajo hacia arriba, cuáles son sus necesidades y sus problemas, gestionando estos de una manera más eficiente y en permanente contacto con sus autoridades locales.
Lastimosamente, nos enfrentamos a la politización de los esfuerzos de descentralización. El entorno político se está adueñando del sueño y aspiraciones de muchas comunidades, y la autoridad encargada no sabe qué hacer para revertir esta situación. Por lo tanto, se está poniendo en riesgo el uso de recursos económicos y políticos de nuestro país.
El autor es consultor independiente y activista social
