Según cifras de la Contraloría General de la República, desde agosto de 2019 a la fecha, hemos pasado de 140,000 desocupados, a 371,000 aproximadamente. Estos números no toman en cuenta a los miles que están trabajando medio tiempo, o menos de las 8 horas diarias regulares. Los sectores que más mano de obra demandan, como el comercio, restaurantes y hotelería, son precisamente los más afectados por la Covid-19 y las restricciones impuestas a la población, con una efectividad cuestionable por decir lo menos, con lo que están creando un ambiente de incertidumbre innecesaria, que puede encender un gigantesco pebetero. El lío será cuando quieran apagarlo.
Según la Dirección General de Ingresos (DGI) hasta el mes de noviembre de 2020 se habían dejado de recaudar $1,560 millones, lo que representa un déficit de 32% comparado con el año 2019. Seguramente la amnistía fiscal se extenderá por lo menos 6 meses más, y así tratar de recaudar los más de $1,100 millones de impuestos morosos. La pregunta es, ¿cómo van a pagar las empresas los impuestos, las tasas, alquileres, préstamos, salarios, y un largo etc., si no están operando o lo están haciendo a media máquina? (Por cierto, se calcula que un 30% de todas las empresas desaparecerán). ¿De dónde va a sacar el Estado los $24,000 millones del presupuesto de funcionamiento para el año 2021? En estas condiciones, la reactivación de los contratos de trabajo suspendidos pone en peligro al resto de los trabajadores, y la existencia misma de las empresas. Debe haber una estrategia clara, coordinada y consultada entre Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y Finanzas y los representantes del sector privado (incluyendo a los sindicatos), para que gradualmente estos se reincorporen, en la medida en la que las empresas recuperen su ritmo normal de actividades.
Hoy por hoy los empresarios tienen que escoger, a cara o sello, que es prioritario pagar: a los trabajadores, a la Caja de Seguro Social, al banco (hasta octubre se había prestado un 47.5% menos que en el mismo período de 2019), a los proveedores, a la DGI, por mencionar sólo algunos. ¿Tienen la plata para liquidar a los trabajadores? ¿Tienen la plata para reactivarlos? Por supuesto que no. Es la metáfora más inocente de todas, ¿qué es primero el huevo o la gallina? De allí la importancia del apoyo que debe prestar el Estado para preservar el seriamente dañado tejido productivo, a través de 'transferencias condicionadas de fondos', no préstamos. Eso en las circunstancias actuales no funciona. Además, este programa de transferencias de fondos debe de contar con el capital suficiente para tener un impacto real en la reconstrucción del andamiaje económico, y la preservación de las micro, pequeñas y medianas empresas que lo requieren con urgencia. Según mis cálculos se necesitan por lo menos$2,500 millones para esta iniciativa. Las dos prioridades principales son: regresar a las cifras de desocupación previas al inicio de la pandemia (7.1% antes, 18.5% después); la rápida recuperación de las capacidades productivas de todos los sectores de la economía.
No me cabe la menor duda de que saldremos adelante, como siempre lo hemos hecho. Panamá es un país maravilloso. Hay mucha gente buena que quiere hacer las cosas bien, gente que no está interesada en robar o hacerse de lo público para satisfacer su mezquino interés. Nuestro deber como sociedad es encontrar a esos Milciades, Pericles, Temístocles, que los hay, hombres y mujeres, para que gobiernen en nuestro nombre y nos encaminen hacia mejores derroteros.
El autor es amigo de la Fundación Libertad