Corte Penal Internacional

La encrucijada de la justicia y la impunidad

El 11 de junio de 2020, el presidente de los EE.UU., Donald Trump emitió una orden ejecutiva bloqueando la propiedad de ciertas personas asociadas con la Corte Penal Internacional (CPI). Dicha orden ejecutiva busca hacer frente a lo que EE.UU. considera un intento ilegítimo de la CPI de ejercer su jurisdicción sobre “personas” estadounidenses en lo relativo a la situación en Afganistán, Estado parte de la CPI. Para la República de Panamá, esta orden ejecutiva plantea una serie de consideraciones jurídicas y de política exterior, las cuales merecen ser analizadas.

La orden ejecutiva autoriza al Secretario de Estado, en consulta con el Procurador General y el Secretario del Tesoro de EE.UU. a designar a personas vinculadas a la CPI para que su propiedad que esté en los EE.UU. o que entre en contacto con un alguna “persona” de los EE.UU. sea objeto de un bloqueo y por tanto no pueda ser transferida, pagada, exportada, retirada o utilizada de cualquier otra forma. Esto también incluye a cualquier “persona” involucrada en los intentos por investigar, arrestar detener o enjuiciar a “personas” estadounidenses o a nacionales de Estados “aliados” sin que medie el consentimiento estatal. Las mismas sanciones se aplican para quienes asistan, patrocinen o proporcionen asistencia financiera, material o tecnológica para las investigaciones relacionadas. La orden también involucra la prohibición de realizar donaciones a las personas designadas. Igualmente, prohíbe la entrada al territorio de los EE.UU. de estas personas y de cualquier agente de la CPI, dificultando el trabajo conjunto que realiza este tribunal con la ONU en las situaciones de Libia y Darfur.

La orden ejecutiva se suma a la “Ley de protección del Personal de Servicio Estadounidense” de 2002, también conocida como la “Ley de Invasión de La Haya” que contempla la utilización de todos los “medios necesarios y apropiados” para lograr la liberación de cualquier estadounidense o personal aliado detenido o encarcelado por la CPI. Esta ley incluye, también, la potestad de suspender la asistencia militar a cualquier Estado que no celebre un acuerdo con los EE.UU. comprometiéndose a no entregar o trasladar a ciudadanos estadounidenses al tribunal internacional. Panamá firmó dicho acuerdo en el año 2003.

La orden ejecutiva presupone un desafío importante para Panamá en su interacción con los EE.UU. y la CPI. Nuestro sistema financiero, al igual que muchos otros, se encuentra muy vinculado con el de los EE.UU. Sin embargo, la práctica panameña es excepcional en cuanto al tratamiento otorgado a las sanciones unilaterales emitidas por los EE.UU., pues en Panamá se implementan automáticamente, sin necesidad de normas internas que así lo dispongan, lo cual es legalmente cuestionable. En tal sentido, es muy probable que Panamá, en un futuro, se vea en la necesidad de escoger entre la aplicación de las sanciones de EE.UU. contra la CPI o respetar los privilegios e inmunidades del tribunal.

En reconocimiento de la interdependencia del sistema económico mundial y de lo delicada de la situación, 67 Estados firmaron una declaración conjunta de apoyo a la CPI. En dicha declaración se reafirmó la necesidad de preservar la integridad de la CPI en contra de cualquier amenaza. Igualmente, los Estados reiteraron su compromiso con un orden internacional basado en normas, del cual la CPI es parte integral, pues centra sus esfuerzos en la búsqueda de la justicia y la lucha contra la impunidad.

Entre los firmantes de la declaración están todos los Estados miembros de la Unión Europea, menos Hungría y Polonia, así como aquellos Estados americanos que son vistos como aliados tradicionales de los EE.UU.– Colombia, Brasil, Chile y Canadá. Además, encontramos a 16 países latinoamericanos y caribeños, incluyendo a Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Perú, Uruguay e inclusive Venezuela. Uno de los grandes ausentes fue Panamá. En 1950, el doctor Ricardo J. Alfaro defendía ante la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, la necesidad y la viabilidad de establecer un tribunal penal internacional. Setenta años después, un buen tributo a Alfaro sería definir nuestra postura internacional respecto a la búsqueda de la justicia y la lucha contra la impunidad.

El autor es abogado y profesor de derecho internacional

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