La sociedad civilizada construye consensos con diálogos que promueven grupos como la Concertación Nacional para el Desarrollo. Fue institucionalizado por ley desde 2008, por iniciativa privada frente al interés de edificar acuerdos con miras a, entre otras cosas, destinar los ingresos de la ampliación del Canal a la lucha contra la pobreza y la desigualdad. La preocupación permanente es que lo delineado en el papel salte a la práctica y las razones para inquietarse sobran.
La elaboración de un paquete de reformas por la Concertación, encomendada por el gobierno anterior y aceptado por éste para enviarlas a la Asamblea Nacional para ser perfeccionadas y presentadas al pueblo panameño para un referéndum, fue un completo y total fracaso, porque demostró que no existe voluntad, interés, capacidad ni inteligencia en los gobernantes de hoy, para reformar o reemplazar la Constitución y así restablecer o reivindicar nuestra malograda institucionalidad democrática. Aunque se supone que el paquete está en el PNUD (y allí quedará hasta que se desvanezca) ya nadie habla ni se acuerda de él.
Aun así, un grupo de panameños decide pertenecer y trabajar en el denominado Pacto del Bicentenario, creado paradójicamente por el mismo gobierno que enterró el paquete de reformas constitucionales elaborado por la Concertación. Justificando semejante compromiso de pertenencia y participación en pasados diálogos sobre educación, seguridad social y reformas fiscales desde 2001 a 2005, entre otros, es decir, diálogos que se realizaron entre 15 y 20 años atrás (ver el artículo “Del papel a la práctica: Concertación 2.0”, de Enrique de Obarrio, La Prensa, 15 de marzo de 2021).
Peor aún, habiéndose elaborado en 2017 un documento muy similar al Pacto del Bicentenario, denominado “Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado–Panamá 2030”, que ya nadie recuerda y que el gobierno actual engavetó. Y si percibimos la realidad de la educación, la fiscalidad y la seguridad social de hoy, resulta que a ningún gobierno le interesó un comino lo que en aquellos pactos se concluyó. Porque años después, la educación colapsa, la seguridad social está a punto de quebrar y el fisco sobrevive con un continuo e infinito endeudamiento ante el derroche descabellado de fondos públicos.
O los diálogos no sirvieron o los gobiernos no les hicieron caso ni a los pactos ni a los buenos participantes en los mismos, por parte del sector privado. Pero hoy, a sabiendas de que, por experiencia, lo del papel no saltaría a la práctica, vuelven a caer en el mismo hueco. Cuando ciudadanos decentes pero ingenuos, en reemplazo de “guerras fratricidas”, dan su cándido aliento político al actual presidente bajo el subterfugio de cerrar brechas.
Paradójicamente, el gobierno celebra la propuesta “Cerrando brechas” con un banquete de 200 mil dólares entre el caviar, el salmón y la carne de cangrejo.
Y mientras una ilusa comisión de alto nivel da seguimiento a este Pacto, el presidente avala la corrupción desplegada en Unachi, concede fondos ilimitados a la Asamblea Nacional, ejerce permisividad presupuestaria con los dobles salarios, dietas innecesarias y licencias con sueldo, acoge la creación infinita de corregimientos, mantiene silencio cómplice frente a escándalos en su gobierno, menosprecia el infortunio de la Caja de Seguro Social y soporta en sus planillas a quienes persigue la mano de la justicia, convirtiéndose “Cerrando brechas” en el embuste para desviar escándalos y desaciertos públicos y notorios en su gobierno y que el presidente concede y tolera.
Nunca se cerrarán brechas con los banquetes gravosos, la impunidad dispensada y el despilfarro ilimitado.
El autor es abogado
