Mas allá de Eva y Adán, la manzana y el Jardín del Edén, desde que el mundo es mundo las dicotomías entre el bien y el mal, lo correcto e incorrecto, lo moral e inmoral, siempre han estado presentes, esencialmente por aquello de que el hombre/mujer, por el “Supremo” dotado fue, de un don exclusivo llamado raciocinio, que no es otra cosa (y no es que sea poca) que la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad.
Para Immanuel Kant, el hombre/mujer es un ser autónomo, que expresa su autonomía a través de la razón, de la libertad y, a menos que la “eugenesia” nos haya pasado una mala jugada con aquello de la manipulación genética, los panameños y panameñas no somos una subclase humana, con el pesar de algunos que así lo consideran.
En nuestro afán por ser parte de la comunidad internacional, nuestro país nunca ha escatimado esfuerzos, por el contrario, es miembro activo de un sinnúmero de organizaciones y entidades internacionales reconocidas y altruistas, además de mantener relaciones diplomáticas con más de 100 países (embajadores, encargados de negocios y concurrentes) y, como tal, nuestra actual Constitución Política reconoce el derecho internacional público en su artículo 4to.: “La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional”.
En teoría, el derecho internacional público se encarga de estudiar y establecer normas para regular la acción de Estados y organismos internacionales, con el propósito de favorecer la cooperación y la negociación, como garantías para la paz. Se trata así de una rama del derecho que procura ordenamiento jurídico a la comunidad internacional. El derecho internacional público, tal como su nombre lo indica, se limita a aquellos asuntos de interés público en la comunidad internacional. Pues bien, alguna vez esto fue así. Ya no más. Los organismos que injustamente nos enlistaron se pasaron todas las normas del derecho internacional público por “salva sea la parte”.
No somos ilusos. Nuestra nación reconoce y comprende que el infierno está empedrado de buenas intenciones y que de nada sirven los buenos propósitos si no van acompañados de obras, pero, esto de las listas (me niego a colorearla por encontrarlo peyorativo para con nosotros mismos) definitivamente que ofenden y resultan contrarias a cualquier propósito que procure una solución a los temas que intentan resolver. A los poderosos de hoy (a duras penas, pues algunos de ellos, económicamente están en quiebra o bancarrota, por la imposibilidad de hacerle frente a sus obligaciones) les tomó siglos la construcción del país y, por ende, de las instituciones que hoy nos restriegan como grandes logros, sujetas a ser por nosotros imitadas.
Conocidos son los graves problemas de corrupción que corroen la sociedad panameña en su conjunto. Son instituciones como el Órgano Judicial (impartir justicia), el Ministerio Público (investigar el delito) y la Asamblea Nacional (representatividad atomizada del poder del pueblo) las que a mi juicio deberán liderar el camino hacia la verdadera institucionalidad del Estado. Sin ellas, beisbolísticamente hablando y parodiando a Ernesto Jerez cada vez que Mariano acudía al rescate, mejor “apaga y vámonos”, esto se acabó.
Nuestra nación está en evolución. Seguramente no será mañana, ni pasado cuando finalmente logremos cierto grado de institucionalidad, entendida esta como atributo básico de la república, dentro de un Estado de derecho. Sin embargo, para el logro de lo anterior habrá que tener siempre presente lo dicho indistintamente por Manuel Alcántara, Brittmarie Janson Pérez y Omar Jaén Suárez en sus obras: Panamá, la república de los primos.
“Habrá siempre un hombre tal que, aunque su casa se derrumbe, estará preocupado por el universo. Habrá siempre una mujer tal que, aunque el universo se derrumbe, estará preocupada por su casa”. Ernesto Sabato.