El 3 de junio de 2021, la Casa Blanca publicó un memorándum en el que declaró la lucha contra la corrupción como un interés central de la seguridad nacional estadounidense. Subsecuentemente, el Presidente Biden enfatizó que la corrupción amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos. Tal y como lo establece el propio memorándum, la corrupción corroe la confianza pública, obstaculiza la gobernanza eficaz, distorsiona los mercados y el acceso equitativo a los servicios, socava los esfuerzos de desarrollo, contribuye a la fragilidad nacional, al extremismo y a la migración, y proporciona a los líderes autoritarios un medio para socavar las democracias en todo el mundo. En pocas palabras, la corrupción constituye una amenaza a la seguridad nacional de los Estados pues pone en peligro su viabilidad misma, al promover estructuras autoritarias, erosionando la gobernanza democrática e impidiendo la realización y el pleno ejercicio de los derechos humanos.
Pocos son los casos que ejemplifican en mejor forma la amenaza que representa la corrupción para la seguridad nacional de un Estado que los recientes acontecimientos en Kazajistán. La antigua república soviética es un país rico en recursos minerales, incluyendo petróleo, gas, cobre, carbón y uranio. Igualmente, Kazajistán tiene una de las tasas de densidad poblacional más bajas del mundo. Estos dos factores aunado a la adopción de algunas políticas que favorecieron el desarrollo económico y el crecimiento de la empresa privada, llevó a Kazajistán a proyectarse como una historia de éxito en la era post-Unión Soviética y un ejemplo de estabilidad en Asia Central.
No obstante, el control político ejercido por su primer presidente, Nazarbáyev, y su familia, y su paulatina toma del control de múltiples sectores de la economía kazaja, incluyendo la industria del petróleo, el gas y los bancos, llevaron a una serie de protestas entre 2018-2019 que forzaron su dimisión. En particular, la muerte de 5 niñas en un incendio casero en Astana (Nur-Sultan), en febrero de 2019, epitomizaron, según el Carnegie Endowment for International Peace, los problemas sociales del país y la brecha existente entre los gobernantes y los gobernados. A pesar del frío clima en el norte del país, la familia vivía en una parte de Astana que no tenía acceso a tuberías de gas, lo cual les forzaba a mantener la estufa prendida para mantener su casa caliente. Aparentemente, como muchas cosas en el país, la estufa no cumplía con los estándares de seguridad y esto ocasionó el incendio. La mayoría de los ciudadanos culpan a la cultura generalizada de corrupción y al gasto derrochador del Estado por este tipo de muertes. A pesar de su renuncia, Nazarbáyev continuaría controlando el partido de gobierno (Nur Otan) y se mantendría como jefe del Consejo de Seguridad.
El pasado 2 de enero de 2022, se desencadenó una nueva ola de protestas, esta vez la más grande que Kazajistán había vivido desde su independencia en 1991. Inicialmente motivadas por el aumento de los precios en el combustible de gas, del cual Kazajistán es un importante productor, las protestas se han transformado en una campaña generalizada contra la desigualdad, la pobreza y la corrupción. El gobierno autoritario de Tokáyev, sucesor de Nazarbáyev, respondió brutalmente a las protestas, y ante los crecientes llamados a la remoción de su gobierno y a una reforma integral del Estado, descalificó a los manifestantes como golpistas y terroristas. Cuando la situación escapó de su control, Tokáyev solicitó la asistencia de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, quienes enviaron sus “fuerzas de paz”, conformadas, en su mayoría, por militares rusos, quienes sofocarían la “insurrección”. En una de sus últimas intervenciones, Tokáyev llegó, incluso, a ordenarle a las fuerzas de seguridad a “disparar a matar” contra los manifestantes.
La situación en Kazajistán nos ofrece un ejemplo crudo pero plausible de los efectos lesivos y destructivos de la corrupción en un Estado. La misma facilita y, en ocasiones, deviene en la instauración de estructuras autoritarias que menoscaban el estado de derecho, la gobernanza democrática (si existe alguna forma de esta en el Estado en cuestión) y la observancia de los derechos humanos. Explosiones sociales de esta naturaleza, acompañadas por el intervencionismo foráneo y por la preservación de una cleptocracia amparada en el autoritarismo despótico, nos debe invitar a todos a reflexionar sobre el futuro de la lucha contra la corrupción en nuestro país y la amenaza que la misma supone a nuestra seguridad nacional.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional
