Actos de corrupción han quedado evidenciados y documentados en la historia. Robert Klitgaard la define mediante la fórmula: C= M + A –T, en donde (C) es corrupción, (M) monopolio, (A) arbitrariedad y (T) transparencia. Cuanto menor es la transparencia, mayor es la corrupción.
La falta de formación en valores; debilidades institucionales; desconocimiento legal; exceso de regulaciones para desarrollar actividades productivas; discrecionalidad en la aplicación de las normas, procedimientos o requisitos; impunidad en los actos de corrupción; bajos salarios de los funcionarios; programas insuficientes de estímulos y recompensas para los servidores públicos son algunas de las causas que originan la corrupción.
Se han establecido acciones de carácter global e interregional con el objeto de combatir la corrupción, como han sido la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales; la Recomendación Revisada del Consejo para la Represión del Cohecho y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En el escenario regional, en América, la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC). Tanto la CNUCC como la CICC identificaron y tipificaron conductas delictivas, y dentro de la administración pública panameña se realizaron ajustes al Código Penal en 2008. En materia de desarrollo, se promueve la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, con el propósito de fortalecer esfuerzos y así poder contar con instituciones fuertes que combatan el referido flagelo (ODS 16). El Mecanismo de Seguimiento de Implementación de la CICC (MESICIC), establecido en el marco de la OEA, abordó en la última Reunión de las Américas, temas de gobernabilidad democrática frente a la corrupción, con el fin de fortalecer acciones en transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; en el financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; en prevención de la corrupción y compras públicas; en cooperación jurídica internacional, en combate al cohecho, soborno internacional, crimen organizado, lavado de activos y recuperación de activos y en el fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción.
La comunidad internacional sensibilizada y hastiada por el problema de la corrupción plantea dos opciones para combatirla: una la lege ferenda (necesidad de contar con una nueva legislación sobre una materia), como lo hizo en junio pasado Colombia, que propuso crear en el seno de la ONU una Corte Internacional en materia de delitos de corrupción, con el objeto de contar con una alternativa política criminal contra la misma; y la segunda opción es que se logren superar los obstáculos de la Corte Penal Internacional, y que se modifique el Estatuto de Roma para que esta pueda tener competencia. Por ello, la Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) acotó que hay que reconocer los delitos de gran corrupción como delitos de lesa humanidad y desarrollar mecanismos internacionales adicionales para aprehender, judicializar, juzgar y sentenciar a quienes hayan cometido delitos de gran corrupción, dejando claro que la gran corrupción es inherentemente inhumana, ya que causa grandes sufrimientos y serias lesiones, comparables y de manera similar a los crímenes descritos en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
En nuestra vida en democracia, se crearon instituciones e instancias con la finalidad de combatir la corrupción, con el propósito de cumplir en materia internacional los instrumentos de los cuales nos hicimos partes (Ley N°6 de 2002, el Código de Ética del Servidor Público, el Tribunal y Fiscalías de Cuentas, la Ley de Contrataciones Públicas, etc.); sin embargo, la corrupción ha ido en aumento, identificándose un modelo de corrupción a gran escala que parece estar institucionalizado en la cosa pública.
El tema de la corrupción es cultural, carecemos de educación en valores, y de una cultura de legalidad. Para muchos fue Odebrecht la que enraizó la corrupción, pero la empresa solo aprovechó lo que encontró: líderes políticos, empresarios y una sociedad corrupta. Es necesario redoblar esfuerzos en materia de educación y formación y trabajar en un modelo para combatirla, en el cual se reafirmen compromisos y se enfoque en transparencia, ética, valores, decencia, respeto y justicia; que no se tolere la corrupción y que se luche contra la impunidad para fortalecer la democracia. Un modelo que resalte sobre la importancia de la denuncia ciudadana, que promueva en universidades públicas y privadas cátedras de ética y valores, de participación ciudadana y de lucha contra la corrupción.
Los autores son docentes universitarios