Panamá tiene el salario mínimo más alto de Latinoamérica, solo superado por Estados Unidos y Canadá. En los últimos diez años, el salario mínimo ha aumentado en cinco ocasiones, elevando, cada vez, el costo de la vida del panameño. Los gobiernos toman medidas populistas, que, en este caso, son perjudiciales para el pueblo. Con cada aumento, el comerciante sube, en mayor proporción al aumento, el precio de sus productos, y si el negocio no se lo permite, despiden trabajadores para poder absorver el aumento de su planilla.
Veamos cómo han incidido las políticas de Estado. El alza de la canasta básica comenzó con el Código de Trabajo, que la dictadura de Torrijos impuso para conseguir el apoyo populista a su régimen. No obstante, excluyó a todos los servidores públicos de sus beneficios. Ese Código fue mermando la productividad, protegiendo al trabajador de poco esfuerzo, y los empresarios se vieron obligados a subir el precio de sus productos.
Este Código también produjo desempleo, pues diversas actividades dejaron de ser competitivas ante el mercado internacional, y se vieron en la necesidad de cerrar operaciones: fábricas de textiles, bananeras, tabacaleras y otras.
Está demostrado que las leyes populistas de la dictadura frenaron el desarrollo económico del país. La Ley de Vivienda del 73 fomentó el no pago de los alquileres menores de 250 balboas, paralizando la inversión en proyectos de viviendas económicas para alquiler, y pronto las existentes fueron abandonadas y condenadas por sus propietarios.
El MIVI se vió urgido a construir multifamiliares para reemplazar las casas condenadas y las barriadas brujas, producto de la invasión ilegal de tierras. Un mal negocio para el MIVI, porque el que ya venía apadrinado para no pagar su alquiler menos le pagaría al MIVI.
Con la restauración de la democracia, en 1990, Panamá se ha dedicado más a los servicios, a través del centro financiero, el Canal de Panamá, los puertos de contenedores, el Aeropuerto de Tocumen, las zonas francas, la Zona Libre de Colón.
También ha quedado probado que las privatizaciones no han beneficiado al pueblo; la electricidad y el teléfono se duplicaron, y las enormes ganancias de las casinos ahora están en manos privadas.
Vemos como se abren nuevas fábricas en nuestros países vecinos, Costa Rica y Colombia, donde las leyes laborales y de inversión son más justas. Solo los extranjeros han sido beneficiados con contratos especiales con la nación para invertir en este país: las mineras, los puertos, las generadoras.
Así, nuestra realidad es desalentadora, con135 mil panameños desempleados, y una planilla estatal que supera los 230 mil servidores, y muchos con salarios injustificados.
No comprendo cómo todavía algunos publican en escritos defendiendo los gobiernos de extrema izquierda: Cuba, Venezuela y Nicaragua, a pesar de haber vivido 21 años de militarismo en este país, fomentando el odio entre las clases sociales.
Pero no han podido justificar los millones de seres humanos que se ven obligados a emigrar, y las condiciones precarias en que viven los que se quedan. Su visión de Estado ha quedado rezagada, pues culpan a las políticas neoliberales de los problemas del país. Abran los ojos y miren cómo grandes potencias comunistas, como Rusia y China, han dado un enorme giro en sus gestiones de gobierno, promoviendo la inversión privada y el libre comercio, pues se han dado cuenta que el socialismo sólo produce miseria, frena el desarrollo y reduce el bienestar.
Cada gobierno maneja los fondos públicos a su antojo, beneficiando a su partido político y seguidores. No se crean planes, en conjunto con todos los sectores, para lograr un plan de desarrollo a mediano plazo.
Cada gobierno decide lo que le conviene y lo que considera mejor para mantenerse en el poder, lejos de lo mejor para el pueblo. Hay que buscar otro sistema porque nos estamos hundiendo, El ciudadano de a pie la está pasando muy mal.
La justicia está contaminada. El pueblo no es tonto, observa que los grandes ladrones evaden la justicia, ya que el botín robado es tan grande que les alcanza para pagar abogados y fallos.
Todos los órganos del Estado están contaminados, por eso hay tanto clamor por una Constituyente. No queremos reformas complacientes a los diputados. La mayoría de ellos no tiene moral ni educación para ocupar una curul. Muchos pensamos que es mejor para este país reducir sus miembros. Si siguen así, en poco tiempo el poder será ocupado por un justiciero que los juzgará sin piedad.
El autor es industrial retirado