El actual debate sobre el plan distrital de Panamá (plan de ordenamiento territorial -POT) es el episodio más reciente de la vieja polémica entre el deseo individual y las expectativas sociales, porque la tierra, que puede ser apropiada privadamente, tiene que cumplir un papel que va más allá de la voluntad exclusiva del dueño y que se define mediante esos pactos sociales que son las constituciones. El problema suele ser quién paga la obra pública que valoriza la tierra. Y después, ¿cómo se determina el uso del suelo y sus límites? Es lo que en nuestra Constitución se señala como las obligaciones del dueño en razón de la función social que debe llenar la propiedad.
La historia urbana está llena de ejemplos de ese tira y jala entre autoridades y propietarios, que se complica porque, en la ciudad de Panamá, suelen ser los mismos. Voy a dar cinco ejemplos de diferentes épocas que permitan ilustrar esta pugna:
1. En 1912, el secretario de Fomento, Carlos C. Arosemena, decía que “la práctica de comprar terrenos a precio crecido con el objeto de construir calles por terrenos de particulares… ha obrado en el ánimo de los propietarios de tal manera que, con raras excepciones, todos abrigan pretensiones que [dejan al Gobierno] en condiciones de no poder construir las calles, porque los fondos separados serían pocos para comprar la cantidad de terreno que se necesita… Opino que, si el Gobierno dispone hacer fuertes desembolsos para mejorar varias secciones de la ciudad, es justo que el propietario beneficiado contribuya con algo”.
2. En 1940, el arquitecto Ricardo Bermúdez indicaba que en la ciudad de Panamá “los servicios de electricidad, agua, gas, teléfono y transporte sufren el impacto de la sobrepoblación y se dificulta el cupo en escuelas y hospitales”. Ese año, el Gobierno trajo al urbanista austríaco Karl Brunner, quien realizó un informe sobre desarrollo urbano de la ciudad, que entregó al MOP, con copias a la Asamblea y a la Presidencia. El informe desapareció. Según el ingeniero Manuel V. Patiño, “la desaparición simultánea de todos estos documentos me reafirma en la creencia de que fueron maliciosamente destruidos, en el afán muy nuestro de destruir lo que hacen quienes nos adversan políticamente, aunque… se tratase de algo altamente conveniente para la nación”.
3. En 1950, el arquitecto José B. Cárdenas señala que, a pesar de los esfuerzos realizados, “los resultados de todas estas medidas tienden a perderse por la natural alergia que aquí se tiene a todo lo que exige un planeamiento organizado… La ciudad se expande constantemente y nuevas urbanizaciones se crean, muchas veces sin ninguna consideración a las vías de comunicación existentes o a los futuros trazados de calles, creando así agrupaciones de viviendas con muy poca relación con el resto de la ciudad”.
4. En 1960, la Junta de Planificación Municipal declara que “en el distrito de Panamá se han efectuado parcelaciones y urbanizaciones en forma parcial o incompleta, dejando de cumplir… con las instalaciones mínimas… así como el área…para parques y edificios públicos…”
5. En 1973, el ingeniero Abel Rodríguez plantea que “… se hace necesario el promover una mejor y más intensa utilización de la tierra, a fin de aminorar la desmedida expansión horizontal… siempre y cuando esto no conlleve a otros problemas, tales como la congestión del tránsito, la sobrecarga de los sistemas sanitarios o la escasez de otros servicios públicos o comunales”.
Medio siglo después, seguimos enfrentando el mismo problema, con una población que es casi tres veces mayor y que, por eso, pide participar más. En esta ocasión, el plan es solo del distrito y lo hizo el municipio. El conflicto es seguir estirando la ciudad a zonas donde no hay ni agua, pero hay tierra privada y expectativas. Y seguir construyendo, con mayor densidad, edificios que ya no caben en las valorizadas tierras del centro por falta de infraestructura. El POT propuso alternativas a estos problemas, cuando se entregó, en 2019. Los cambios a esto es lo que la gente está resistiendo. Y los dueños de la tierra también.
Carlos C. Arosemena dijo qué había que hacer hace más de un siglo: “… si el Gobierno dispone hacer fuertes desembolsos para mejorar varias secciones de la ciudad, es justo que el propietario beneficiado contribuya con algo”. Y Ricardo Bermúdez dijo, hace 75 años, cómo hacerlo: “la responsabilidad histórica de los funcionarios encargados de regularizar y legalizar todas estas normas urbanísticas, debe considerarse superior a los intereses particulares de cualquier clase económica temporalmente poderosa”.
A fin de cuentas, la planificación se define como una función pública indeclinable. Hay que procurar que así sea.
El autor es arquitecto urbanista
