“La verdad os hará libres” (Juan 8:31-38). Cuando en diciembre de 1989 cayó el régimen, la inmensa mayoría de los panameños pensó que tiempos mejores acompañados de justicia y transparencia avecinaba el horizonte. Pocos imaginamos que el resultado de la lucha hacia la reconquista del orden democrático se convertiría en un burdo “gatopardismo; vale decir cambiar todo para que nada cambie”. La clase política de entonces y sus subsiguientes herederos cual dioses del Olimpo, con una mezcla de política, dinero, poder y mentiras supo reemplazar la dictadura por una partidocracia, que con el correr de los años se convirtió en lo que hoy denominamos: deputatus-cracia, cuyos miembros poseedores de distorsiones cognitivas características propias del estafador, viven convencidos de su particular forma de ver ese alterado mundo de principesca realidad fantasiosa. Son hábiles para distraer y desviar la atención de la víctima (nosotros) y de manera perniciosa hacen el papel de “victimizados” para así manipular a la ciudadanía. El vilipendiado artículo № 2 de la Constitución Política, ese que textualmente indica que: “El poder público sólo emana del pueblo” es ejemplarizante al momento de sintetizar la falaz “democracia” en que vivimos pues su argumento aunque pareciere válido, no lo es. Y para colmo, eso de la “armónica colaboración” entre los órganos del Estado (mismo artículo 2) es parte de la estratagema, pantomima, mediante la cual hemos sido timados en demasía.
Tal parece que la transparencia y la rendición de cuentas resultan ser los enemigos más temibles de toda la clase política sin excepción. Los actos de corrupción son el pan nuestro de cada día. La transparencia no es un epifenómeno, menos un determinismo que ha llegado a la vida de las instituciones como un hecho dado que no amerita explicación. Por el contrario, los ciudadanos tenemos el derecho de darle seguimiento a las decisiones de interés público. En este sentido en una sociedad democrática donde su normativa legal y sus actores pregonan la justicia, la igualdad, la libertad, la legalidad, la pluralidad, la tolerancia, la inclusión y el diálogo, resulta incongruente que aún prevalezcan instituciones públicas donde se practiquen antivalores o creencias de regímenes autoritarios, en teoría superados. Y ante lo anterior no debemos ceder un ápice.
Al momento en que escribo este artículo, el Órgano Ejecutivo dice haber vetado parcialmente el proyecto de ley 544 recién aprobado por la asamblea nacional, lo que pareciera ser un avance hacia el logro de los acuerdos alcanzados por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) la cual está integrada por todos los partidos políticos vigentes, la sociedad civil y otras organizaciones, dándole por consiguiente una amplia representatividad. Amanecerá pues y veremos.
Ahora bien. Si este supuesto dime que te diré entre el Ejecutivo y el Legislativo no incluye todo aquello que se discutió y aprobó (luego de 24 sesiones) por el CNRE, es deber cívico del Tribunal Electoral acudir a instancias internacionales y denunciar este entramado legal que nos quieren imponer. Lo anterior inclusive a sabiendas que para acudir a instancias internacionales se deben agotar los recursos judiciales internos. Y esto es así pues como dejé entrever anteriormente, la armónica colaboración entre los órganos del Estado no es otra cosa que parte de la parodia que día a día nos transmiten con el sólo propósito de mantener indemne a sus miembros e intereses.
En la parábola de la casa en llamas, Buda a sus discípulos explicaba: «No hace mucho vi una casa en llamas. A la puerta me acerqué y les grité que el techo estaba ardiendo, incitándoles a que se salvarán, so pena de ser consumidos por el fuego. Pero sin prisa alguna comenzaron a preguntar: ¿qué tiempo hace fuera, llueve, hace viento, existe otra casa? y otras cosas parecidas. Esta gente, pensé, tiene que arder antes que acabe con sus preguntas. Verdaderamente que a quien el suelo no le queme en los pies, no hará nada para salir de su confort. Así están ellos.
