Pedro, que perdió su trabajo como banquero a consecuencia de la nefasta ley que estableció topes en las tasas de intereses que los bancos pueden cobrar, ahora enfrenta otra calamidad. Tras quedar sin trabajo, dependía de algunos ahorros para hacerle frente a sus gastos. Uno de esos era el de su seguro de salud, con el cual se cubría el y sus hijos, como dependientes en la póliza. Sin embargo, no se imaginaba la sorpresa que le deparaba la promulgación de una nueva ley, la cual forzaba a las aseguradoras a cubrir gastos explícitamente excluidos en las pólizas y a no poder diferenciar entre altos y bajos riesgos, que solo creó un revuelo entre las aseguradoras y reaseguradoras de salud, las cuales se vieron en la necesidad de salirse del mercado, o bien aumentar notoriamente las primas; esto último fue lo que decidió la aseguradora de Pedro.
Careciendo de dinero para afrontar el aumento, tanto él como sus hijos quedaron desamparados sin poder acceder a un cuidado de salud de calidad. Todo gracias a las nefastas leyes que salían de un grupo de la Asamblea Nacional, que más bien parecen buscar la “Cubanización de Panamá”.
Una afamada diputada del PRD se ha dado a la tarea de no solo querer violentar los principios de las finanzas, sino también de los seguros. Parece no bastar con que las aseguradoras, de manera voluntaria, y obviando una exclusión de sus contratos – exclusión que existe en todos los seguros de salud en el mundo – han pagado $11,299,848.36 en reclamos de salud, hasta finales de agosto. Es decir, las compañías de seguro mostraron solidaridad real, aquella que no es forzada por el aparato coercitivo del gobierno, al cubrirle a sus asegurados los gastos médicos relacionados al Covid-19.
La diputada propone un proyecto que busca no solo forzar a las aseguradoras a eliminar la exclusión de gastos médicos por pandemias, sino también restringir la capacidad de hacer una suscripción de riesgo apropiada para brindar condiciones y tarifas adecuadas a los distintos asegurados y prospectos. Se violentan, en resumidas cuentas, un fundamento básico de los seguros, el de mutualidad, y el principio básico de la libre contratación. La falta de nociones básicas sobre los principios de seguros y de la gestión de riesgo, por parte de la diputada, denota el cinismo que ha caracterizado a una parte importante de los diputados.
Las terribles iniciativas que aparecen en el proyecto de ley, en conclusión, solo conseguirían limitar la oferta de seguros de salud, haciendo más costosos los mismos. Esto dejaría a todavía más personas sin poder acceder a un servicio de salud apropiado, lo que podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y si a esto le incluimos el hecho de que se crearía un precedente nefasto sobre la industria aseguradora, el alcance permearía a otras líneas de negocios, donde probablemente veríamos la misma situación por la salida de algunas aseguradoras y reaseguradoras de dichas líneas, lo cual traería más desempleo, limitaría competencia, y aumentaría las primas a pagar.
¿Dónde queda entonces la tan cacareada seguridad jurídica que el gobierno dice respetar? ¿Cómo se pretende pasar leyes sin entender tan siquiera los fundamentos de la materia sobre lo que se propone legislar?
Como mencioné en mi artículo anterior, parece que estos proyectos de ley buscan la equitativa repartición de la pobreza y la miseria, trayéndonos más cerca a la Cubanización de nuestra sociedad. Lo que debe quedarle claro a la diputada y a sus secuaces es que nosotros, los ciudadanos que creemos en el orden republicano y la libertad, no permitiremos que esto suceda.
El autor es miembro de la Fundación Libertad
