Los Kirchner se han lanzado en Argentina a una dura batalla contra el principal grupo de comunicación del país, Clarín. Acaban de presentar un proyecto de ley que afecta a los intereses de ese grupo y, de paso, otorga al Gobierno un mayor control sobre todos los medios privados de televisión y de radio, y sobre sus contenidos.
En todas las ocasiones, los intentos para aumentar el control o, directamente, de acallar a determinados medios de comunicación latinoamericanos han coincidido con actitudes fuertemente críticas de esos grupos de comunicación, lo que invalida los llamamientos presidenciales a la defensa de “la información veraz” y la “auténtica libertad de expresión”.
“Históricamente, los movimientos populistas de la región han mantenido relaciones conflictivas con los grandes medios de comunicación”, escribe el comentarista argentino Julio Brudman, “porque tarde o temprano esos medios dejan de apoyar a esos gobiernos, bien sea porque ya no aprecian sus políticas populistas o, simplemente, porque interpretan el creciente malhumor de la opinión pública”.
El primer día de debate en el Congreso argentino, el pasado jueves, fue tumultuoso, con gritos y hasta empujones. Los kirchneristas tienen prisa para lograr que la ley se apruebe antes de que tomen posesión, en diciembre, los nuevos diputados que ganaron las elecciones parciales de junio. La oposición, por el contrario, intenta retrasar el proceso, y confía en que el Senado dé carpetazo a un proyecto que califica de fuertemente estatalista.
La batalla se inició con la repentina decisión de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) de suspender su contrato con el grupo Clarín por los derechos de televisión del fútbol de primera división. La AFA firmó a toda prisa un nuevo acuerdo con el Gobierno por el que los partidos pasaron a retransmitirse en abierto por el Canal 7, de propiedad pública. “Fútbol gratis y para todos”, prometió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque se trata de una metáfora porque el fútbol lo pagarán religiosamente todos los argentinos: la asociación cobrará cada año 600 millones de pesos que saldrán, naturalmente, de los impuestos y no del pay per view, como antes. “En un país con una terrible historia de secuestros, se ha acabado el secuestro de los goles”, afirmó la Presidenta, para estupefacción de los supervivientes de la dictadura militar.
El segundo acto fue la presentación del nuevo proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un largo texto de 168 artículos, que prohíbe que un mismo dueño pueda tener un canal de televisión en abierto y otro por cable en la misma zona, que se supere el 35% de la audiencia y que se disponga de más de 10 licencias de radio en todo el país (24 en el caso de televisión por cable).
La primera consecuencia sería que el grupo Clarín se vería obligado a desprenderse de su televisión en abierto o a dejar de lado el negocio del cable. “Cuidado, la libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa”, explicó confusamente la Presidenta.
Lo que debería haber sido una ley que se limitara a dar un nuevo marco legal a la comunicación audiovisual, ampliara el número de licencias de televisión en abierto e incorporara medidas consensuadas para regular una eventual concentración excesiva, se convirtió en una ley anti-Clarín, de carácter fuertemente estatalista, que dibuja un sector privado atomizado y dependiente de la renovación más o menos arbitraria de las licencias, válidas exclusivamente para 10 años. “Esta ley crearía un sistema basado totalmente en la discrecionalidad política. Nace de un gobierno que no está legitimado para reclamar transparencia porque él mismo es extraordinariamente opaco y puede ser refrendada por un Parlamento que ya no representa la voluntad popular, porque las elecciones diseñaron una nueva situación”, advierte Ricardo Kirschbaum, director del diario Clarín.
El proyecto tiene el apoyo de los grupos de izquierda argentinos, entusiasmados con la idea de distribuir las posibles licencias de cable en tres grandes grupos y que solo uno de ellos corresponda al sector privado. Los otros dos se reservarán para los poderes públicos y para los distintos grupos sociales, desde agrupaciones vecinales a universidades, grupos religiosos o comunidades indígenas. En la práctica, afirma Kirschbaum, esa pretendida pluralidad de voces no será tal, porque estará también controlada por el Gobierno, dueño de las licencias y de las subvenciones.