Cada cuatro años se celebra el proceso electoral de los organismos deportivos panameños con personería jurídica, organizados por el ente rector del deporte por mandato constitucional –Pandeporte- y suelen darse pugnas viscerales entre dirigentes de federaciones, ligas y clubes deportivos, impugnando los resultados entre ellos mismos y otros promovidos desde la oscuridad por el Comité Olímpico de Panamá, con la finalidad de proteger el voto del federado que necesitan cuando vayan a renovar su junta directiva.
Del otro lado, tenemos que cuando le toca el turno al Comité Olímpico de Panamá de celebrar su proceso electoral, se vira la tortilla y bandos conformados por federados legitimados en un proceso eleccionario previo, conforman nóminas con el respaldo de alguna mano negra con intereses políticos y devuelven el golpe, y así están ambos organismos pisando tribunales y haciéndose de cuanto argumento jurídico para invalidar a la nómina electa, impidiendo así que gobiernen el cuatrienio que fueron elegidos.
Y, ¿quién pierde en todo este baile? Los atletas. Son los únicos que quedan atrapados en ese conflicto perverso, donde la pelea por el poder, por los fondos públicos y privados y por el protagonismo, los llevan a perder el único objetivo, que es el de preparar y llevar a los atletas a las olimpiadas cada cuatro años bajo el nombre de Panamá.
La práctica de disciplinas deportivas, colectivas e individuales ha crecido en nuestro país, pero la normativa panameña en la materia, la Ley 50 de 2007 y su respectivo Decreto 599, que la reglamenta, se quedó raquítica. Tenemos un sinnúmeros de aspectos nuevos en el deporte sin regulación y eso no pone años luz detrás del resto de los países de América Latina y ultra lejos de los países de la Comunidad Europea, quienes tienen órganos jurisdiccionales especializados en materia deportiva, para regular las disputas cuando involucren atletas, clubes, entrenadores y dirigentes deportivos, mientras que en nuestro país, los dirigentes deportivos panameños, en pleno siglo XXI, acude a los abarrotados juzgados civiles para ventilar sus pretensiones.
El Comité Olímpico es una asociación civil, constituida para promover el olimpismo, apoyar atletas de alto rendimiento avalados por las federaciones, obtener fondos y velar para que se cumplan las normas de antidopaje, pero no para regular el deporte en el istmo ni tampoco para incrementar sus afiliados con federaciones avalados por ellos para disciplinas no practicadas en el país carentes de estructura organizacional. Es aquí en donde se cruza la delgada línea y se declara la guerra entre dos instituciones, una pública y otra privada, por usurpación de funciones, cuando lo que debieran es crear sinergia y respetar cada una su función por un fin común -los atletas y el deporte-en general.
El Órgano Ejecutivo se ha hecho el ciego en todo esto, por lo que será tarea del gobierno que elijamos en el 2024, entre otras cosas, elevar a rango de ministerio a Pandeporte, para que tenga un puesto en el gabinete y no para que le manden los mensajes al director después de tomadas las decisiones. Se necesita un presidente que nombre a expertos y no a sus allegados políticos con aspiraciones electoreras para que rijan la institución, que seleccione un director que venga con una agenda deportiva creíble y con objetivos realizables, acompañado del propósito de depurar todos esos clanes familiares y políticos que han operado por décadas rotándose los cargos directivos de las organizaciones deportivas y no han rendido cuentas ni financiera ni técnica, cuando a los pobres resultados de los atletas en eventos internacionales se refiere.
Todo el tema del olimpismo es fascinante, pero para llegar allá hay que matar el hambre de los atletas; respaldar a los clubes que captan el semillero generacional y trabajan con las uñas; formar un registro único de entrenadores seleccionados con pruebas de conocimiento para todas las disciplinas, en especial las individuales, que son las cenicientas del catálogo; rescatar los coliseos que están deteriorados, abandonados y en manos de pésimos administradores, y exigir que los centros de alto rendimiento -para todas las disciplinas- se construyan en la capital y en el resto del país.
Queda mucho por hacer; las olimpiadas están a la vuelta de la esquina y tenemos una presidenta del COP electa, pero sin inscribir en el Registro Público, y de lo único que nos acordaremos es de una minúscula selección de atletas recibiendo el pabellón nacional de manos del presidente de la República, para partir rumbo a Tokio a los Juegos Olímpicos 2021.
La autora es abogada
