Gilberto Ventura Ceballos en nuestro país se ha escapado de la cárcel en dos ocasiones: la primera fue de La Joyita el 28 de diciembre de 2016 y la segunda fue de La Nueva Joya entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de febrero de 2020. Además de empezar la movilización del personal, ofrecen una recompensa de $30 mil, luego de $50 mil, para quien brinde información precisa para dar con la captura del prófugo. Este es el segundo “strike” para las autoridades competentes del sistema penitenciario en poco tiempo, recordando la reyerta del 17 de diciembre del 2019, en la que hubo un saldo de 15 muertos y se encontraron varias armas de fuego, entre ellas tres fusiles AK-47, tres pistolas 9 mm, una pistola 380 y un revolver calibre 38.
La corrupción y la negligencia siempre han sido la razón principal por la que nuestro país no puede invertir correctamente nuestros tributos. Esos $50 mil ofrecidos de recompensa son solo gastos visibles. Hay cosas que no se ven, pero son inherentes a toda esta situación conjunta. Está, por ejemplo, el aumento de los costos que provendrán de una movilización mucho más elevada de unidades policiales, ya que esto se desglosará en combustible y horas extras, el desgaste de los oficiales por el aumento repentino de trabajo y estrés laboral a causa de la emergencia. Va a darse una disminución de productividad por los trabajadores al no tener su mente concentrada en su labor sino en las posibilidades de que este incidente los afecte. La mengua de la seguridad social, el mero hecho que esté en la calle ya es una razón, pero lo que no se ve es que los oficiales tendrán mucha más atención sobre el prófugo y esto llevará a un descuido de cualquier otra problemática que no esté relacionada con el incidente, haciendo más fácil a cualquier delincuente realizar sus fechorías y no recibir la misma atención y seguimiento como en situaciones normales.
Otra problemática será la pérdida de confianza (aún más de la ya perdida) en el Sistema de Justicia de nuestro país. Va a llegar un punto donde las personas busquen hacer justicia por sus propias manos, ya que la ineptitud de nuestro sistema solo va en aumento. Estamos hablando de una de las únicas funciones que debería ejercer el gobierno a cabalidad, una de las más importantes y la cual garantiza el orden que permite el libre relacionamiento económico, social e, inclusive, político.
Todos estos fenómenos dificultan una civilización, disminuyen las libertades individuales a la par del respeto por las reglamentaciones que nos permiten cooperar. Estos son costos que no serán recuperados por la destitución o renuncia de los ministros de Gobierno y Seguridad.
Si bien el exministro Mirones no estaba presente cuando le abrieron las puertas magnéticas a Ventura, la docena de policías por los que tuvo que pasar sí, ergo, la corrupción es un problema endémico que proviene desde la parte más baja de la escala de poder. La única manera de corregirlos es haciendo cambios desde abajo.
El gobierno busca solucionar esta problemática conjunta mediante la creación de una policía penitenciaria, pero ¿qué garantiza que esto solucione los problemas de corrupción y negligencia internas? Agrandar el Estado solo les da más oportunidad a los delincuentes de cuello blanco de poder embotellarse nuestras contribuciones. El problema aquí es la falta de valores y eficiencia, por lo tanto, en corto plazo se podría hacer una contratación privada que se encargue de la supervisión para que el cuerpo de policías trabaje diligentemente y así gastar mucho menos de lo que sería aumentar el tamaño del Estado. A larga distancia hay que trabajar en la calidad educativa que se le está dando a estos servidores públicos, con base en la eficiencia y valores íntegros como ciudadanos.
El autor es miembro del Círculo Bastiat de la Fundación Libertad Henri Capitant, Capítulo de Panamá