Para nadie es secreto que la pandemia Covid–19 ha golpeado más a las mujeres que a los hombres en Panamá. Económica, laboral y socialmente. Y ahora, de los diputados (lo siento, mi teclado rechaza el adjetivo que empieza con h y que usualmente se les pone por delante) viene otro golpe: revivir el abominable proyecto de modificar el Código Civil para el registro de no nacidos. Es una iniciativa cuya motivación y consecuencias en los ámbitos civil y penal, ya experimentados en otras legislaciones, se convierte en un arma contra la mujeres más pobres, las más vulnerables, las menos educadas, las que llevan a la espalda ser a menudo ya objeto de violencia, y con esta figura de ley: violencia estatal. La única sorpresa es que no sorprende: muchos de nuestros diputados no ejercen su rol de representatividad de los mejores intereses del interesado.
En nuestro país, a pesar de los movimientos sociales y cambios estructurales que los conceptos contemporáneos de igualdad han traído en la vida de las mujeres, durante la pandemia ha quedado evidenciado que seguimos siendo la primera línea de respuesta dentro del hogar en el cuidado de los niños, de las personas mayores y del quehacer para lograr que “la casa ande”. Normalmente, además, sin remuneración. Y en Panamá, la mayor parte de los hogares están estructurados en conglomerados familiares diversos, tías crían sobrinos, abuelas cuidan nietos mientras la madre sale a trabajar, jóvenes mujeres asumen roles de proveedoras del hogar. La siguiente línea de respuesta dentro del hogar también la ocupan las mujeres, en el caso de las trabajadoras domésticas remuneradas.
Fuera del hogar, en el mundo laboral, son también las mujeres que han ocupado la siguiente línea de defensa, como profesionales de la salud, voluntarias de las organizaciones no gubernamentales, voluntarias comunitarias, inclusive son mayoritariamente las gestoras a nivel de base de los partidos políticos, todos roles de cuidado, algunos remunerados, otros no. La realidad económica y educativa de las mujeres panameñas en sobrecogedora. La estructura injusta de los “dos Panamás” desplegada en tecnicolor y agravada por la pandemia: por un lado escuchamos que la mayor parte de las egresados universitarios son mujeres y, por otro lado, el Informe de ONU Mujeres 2021 sobre el impacto de la pandemia en las mujeres panameñas evidencia que más de un tercio de ellas vive en pobreza multidimensional, en muchos casos con accesos precarios a vivienda, educación, salud, siendo las niñas y mujeres jóvenes (18 a 24 años de edad) las más afectadas por la falta de ingresos, educación y cuidados de salud sexual y reproductiva. En las comarcas, el número es mucho más alto y el panorama peor aun para las niñas y mujeres que, además, enfrentan una cultura machista que a menudo les impide buscar atención médica formal.
El registro de no nacidos, en otras jurisdicciones, ha sido utilizado por fanáticos que ocupan puestos de autoridad para perseguir penalmente a las mujeres cuyos embarazos terminan de forma espontánea, creando obligaciones de reporte y persecución a médicos, laboratorios y otros servidores de la salud. Los resultados han sido desgarradores, especialmente entre las mujeres más pobres, que dejan de buscar atención médica durante los primeros meses del embarazo, para evitar la persecución, con el resultado de un retroceso en esos países en la salud maternal y pediátrica, al término de embarazos que carecieron de esos cuidados prenatales esenciales.
El argumento entra por el escabroso camino de discusión del aborto, la responsabilidad invidual, las guías existentes e inoperantes en el Minsa para evaluar los casos de embarazo por violación carnal (y que quede claro: todo embarazo de una niña menor de 14 años es una violación ante la ley y ante el sentido común). Doloroso ejemplo: caso de la niña de 8 años, dixit. Esos argumentos son, metafóricamente, un arengue rojo. Es una intromisión transversal en el ámbito más privado de todas las mujeres panameñas, tengan la condición económica y educativa que tengan.
Quienes empujan este proyecto parecen empujar también la agenda anti derechos que mantiene a nuestra niñez y juventud más desarticulada y sin voz, sin herramientas para una vida sana y responsable a partir de la educación de salud sexual y reproductiva, que causan impactos trágicos en hombres y mujeres: los hombres con altos índices de contagio de enfermedades de transmisión sexual; las mujeres lo mismo y, encima, los embarazos. Porque en los “dos Panamás”, en las escuelas privadas y en la medicina privada, las mujeres y los jóvenes de ambos sexos tienen otros accesos a información, educación y atención.
Como sociedad, ¿queremos que los indicadores de salud maternal, prenatal y neonatal disminuyan? ¿Queremos más niñas, jóvenes y mujeres escondidas, perseguidas, sin denunciar violaciones o sin acceso a los servicios de salud? La línea está trazada, los diputados y diputadas que promueven esta innecesaria legislación no solo no aman a las mujeres, las desprecian. Y que me perdone Stieg Larsson, por parafrasear el título de su novela.
La autora es abogada y escritora
