En la frontera colombo-venezolana no se vive. Se sobrevive en medio de espantosas circunstancias que mantienen a las poblaciones con vida condicionada, subordinada a múltiples factores que, en definitiva, limitan la libertad, la propiedad y hasta la propia dignidad de las personas.
Mucho se ha escrito sobre el tema, pero el problema lejos de solucionarse se agrava peligrosamente. Lo peor es que la gente se adecúa a la realidad que le toca y termina encajando perfectamente en los propósitos subversivos y de dominio territorial de los irregulares de cualquier condición que por allá tienen el control. Es decir, se van acostumbrando. Quienes viven al lado de aguas negras terminan por no percibir el mal olor. Hasta les parece normal.
La masacre de Chururú es un reflejo de lo que acontece. Se trata de un crimen monstruoso contra vendedores ambulantes de maní, los “maniceros” como identificación del equipo de fútbol que constituyeron. Resultaron muertos nueve colombianos, un peruano y un venezolano.
Hay un sobreviviente que está materialmente secuestrado en el hospital militar de Caracas, bajo severa vigilancia del oficialismo.
Las 12 personas fueron secuestradas el pasado 11 de octubre por un grupo de 20 individuos fuertemente armados, quienes lista en mano y cantando en voz alta los nombres de cada una de las víctimas, se los llevaron. Los cadáveres de 11 de ellos aparecieron el 24 de octubre por la mañana en grupos de tres y en distintas aldeas de la zona.
Chururú es un pueblo de frontera, muy cercano a El Piñal, estado Táchira. A pesar de la existencia de al menos dos bases militares venezolanas, en especial comandos de la Guardia Nacional, el área es bien conocida por la presencia permanente y el ejercicio de autoridad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del venezolano y chavista Frente Bolivariano de Liberación (FBL).
Por supuesto, en combinación con alguno de estos factores operan grupos de bandoleros bien organizados. Dicen los entendidos que quizás en lo único que coinciden todos es en no permitir la presencia de los paramilitares, que no se acogieron a la pacificación concertada con el Gobierno colombiano.
El Gobierno venezolano no ejerce la soberanía ni garantiza la integridad territorial. En realidad, tiene una presencia limitada, una pasividad que para muchos es simple complicidad con estos tres factores. Los considera aliados fundamentales frente a la problemática interna. O sea, instrumentos de lucha en contra de la institucionalidad democrática de la vecina Colombia y de quien en ese país lleva adelante de manera ejemplar: el presidente Álvaro Uribe. Este es el verdadero fondo del problema.
Se trata del obstáculo mayor que encuentran las pretensiones de expansión continental de Hugo Chávez. La cosa no ha terminado. Empezó hace rato, pero que no nos sorprendan próximas acciones generadoras de enfrentamientos concretos que obliguen a los colombianos a reaccionar con firmeza ante la insolencia irresponsable de Hugo Chávez.