Cada quien tiene todo el derecho a escoger sus batallas y es inevitable que, con la madurez y al avanzar los años, se haga más selectivo. Pero al cruzar el umbral de los 80, apenas quedan ganas... a menos que te pisen la manta de la honra y el prestigio y no queda más remedio que desenfundar el machete. No había querido involucrarme en la discusión de la ley que regula el oficio de historiador, porque me parecía tan fuera de propósito que nunca creí que llegaría a concretarse. También porque no deseaba enajenarme a colegas que tienen todo el derecho a defender sus intereses laborales, aunque en este caso lo hacían de la manera equivocada. Lo más que avancé fue poner mi firma en un pronunciamiento colectivo hace algunos meses y lo hice de mala gana.
El hecho es que, sin buscármelo, me encuentro en el teatro de batalla cuando, el 19 de febrero último, leo en Panamá América una entrevista al profesor Marulanda, donde, según la periodista, “el docente resaltó que el proyecto contó con el apoyo del doctor Omar Jaén Suárez, quien a su vez representó al doctor Alfredo Castillero Calvo, en una reunión celebrada en el Ministerio de Cultura hace dos semanas”. Esto es totalmente falso y lo considero difamatorio.
Cualquiera que me conoce sabe que estaría muy lejos de endosar una ley como esa, que en nada contribuye a la difusión y conocimiento de nuestra fascinante historia.
Ya que debía librarme de esa bochornosa y totalmente falsa y arbitraria vinculación, hice circular mi rechazo el mismo día, vía WhatsApp, entre amigos y conocidos. El propio doctor Jaén, en respuesta a correo que le envié, me contestó: “En ningún momento dije que te representaba y ni siquiera mencioné tu nombre”.
Y es que no puedo avalar una ley que solo deja espacio a los profesionales locales, excluyendo al extranjero y cuyo propósito fundamental es asegurar puestos de trabajo a los historiadores de casa. ¿Contribuye esto a profundizar y difundir el conocimiento de nuestra historia? Allí no se encuentra nada sobre futuras investigaciones o recopilación de fuentes panameñas que, en su inmensa mayoría, se encuentra en el extranjero, o la creación de un gran instituto de investigaciones históricas con fondos adecuados para la formación de futuros historiadores y, aún más urgente, reclamar la actualización de los textos de historia del Ministerio de Educación.
Nada de eso se contempla en la ley y que prometa mejorar la calidad del historiador. Es una ley sin visión de futuro y de grandeza. Uno de los propósitos de la ley es “dignificar” el oficio de historiador.
¿Puede dignificarse algo por decreto? ¿O categorizando a los historiadores como nivel I, II o IV, en el presupuesto del Estado? La dignidad y el respeto se ganan con verdaderas ejecutorias y, en este caso, con investigaciones y publicaciones serias. Pero de ninguna manera burocratizando ese dignísimo oficio. La ley apunta a otro blanco.
Y hay otro paso en falso. La ley contempla la creación de un Consejo Técnico de Historiadores, al que le correspondería otorgar idoneidad a los historiadores. Uno de sus miembros sería el representante del Colegio de Historiadores. Pero ¿existe este colegio? A mí me tocó el honor de presidirlo cuando se fundó en 1996 y dicté una conferencia inaugural de contenidos epistemológicos con lista de retos que debíamos enfrentar. Se realizaron un par de reuniones en mi casa, se publicaron un par de trabajos míos muy modestos. Y de ahí no supe más. Lo retos que proponía en mi conferencia inaugural siguen a la espera de que se cumplan.
¿Y penalizar a un extranjero porque ose usurpar las funciones del historiador local? Siendo, como somos, un país de inmigrantes, hijos o nietos de extranjeros, ¿no nos da eso vergüenza? ¿Ignoran los proponentes de la ley que, hasta muy entrado el siglo XX, la casi totalidad de las obras de historia sobre Panamá la producían extranjeros? Una ley tan excluyente solo evita la competencia, que es la fuente de la superación. Anticipo que una vez se sepa en los medios académicos internacionales, seremos el escarnio del planeta.
Podría ampliar mis razonamientos, pero creo que queda claro lo que pienso. Dicho todo lo anterior, me atrevo sugerir al excelentísimo señor presidente Laurentino Cortizo que medite bien antes de sancionar esta ley, que considero perniciosa y fuente potencial de serios problemas futuros. Pero sobre todo, porque no encuentro en ella el menor atisbo que nos haga alentar esperanzas por una mejor calidad en el ejercicio del historiador, ni promesas de nuevas y futuras investigaciones que permitan profundizar en el conocimiento de nuestra historia, que tanta falta nos hace.
El autor es historiador
