“No hay alternativa”. Son palabras de José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, quien ha manifestado que Grecia deberá aceptar el plan de austeridad que le ha propuesto la Unión Europea (UE).
Descenso de los sueldos y las pensiones, subidas de impuestos, despidos de funcionarios y un exigente programa de privatizaciones son los puntos principales de este plan. Más de la mitad de la población se opone a estas medidas, según las encuestas.
Además, los responsables de finanzas de los países miembros exigen que el país heleno acepte los recortes como condición para desembolsar el último tramo del rescate financiero, establecido en un plan de urgencia aprobado en 2010.
Su objetivo era evitar una hecatombe económica, y ha terminado por convertirse en una imposición, sobre la que ni el Gobierno griego ni sus ciudadanos parecen tener capacidad de decisión. Recortes o desastre económico. Esas son las únicas opciones entre las que el Ejecutivo griego puede elegir.
En estas circunstancias, Giorgios Papandreu, primer ministro griego, ha anunciado su disposición para llevar a cabo las directrices marcadas por la UE.
“Dada la duración, magnitud y naturaleza de las reformas requeridas en Grecia, el consenso nacional es un requisito para el éxito”, afirmaba el máximo mandatario heleno. Sin embargo, el pasado martes hizo frente a una moción de confianza que superó por tan solo un voto. Además, cientos de miles de personas se han manifestado en su país contra lo recortes.
La aprobación de estas medidas pone de manifiesto, una vez más, que la UE da prioridad a los asuntos económicos frente a los sociales. La partida “Libertad, Seguridad y Justicia” del presupuesto de la UE contaba con mil 850 millones de dólares para el año 2009. La cuantía del último plazo del plan de rescate griego (17 mil millones de dólares) será casi 10 veces superior.
Los ciudadanos pasan a un segundo plano. Los dirigentes europeos miran de reojo a las bolsas de valores de todo el mundo, donde está instalado el verdadero poder de decisión. Serán números y porcentajes los que midan el efecto del rescate. Serán los valores de las principales compañías los que decidan si la economía europea se hunde o no.
Lo que importa en la práctica son “los mercados”. Ese poder omnipresente, al que ningún dirigente político parece tener valor de poner rostro, nombre y apellidos. En las bolsas de valores de Nueva York, Tokio, Estambul, París o Fráncfort las grandes compañías que dominan las finanzas a nivel global votan a diario. Tienen la capacidad de controlar las decisiones políticas cotidianas. Los ciudadanos de los países más ricos ejercen su derecho legítimo y democrático una vez cada legislatura. Este es el mecanismo del que disponen para controlar a sus representantes. Es necesario invertir el sistema. La economía y la política deben estar al servicio de las personas. No utilizarlas como red de seguridad y exprimir sus ahorros y recortar sus derechos cuando sus errores provocan situaciones insostenibles.
“Los mercados no existen, existen los mercaderes”, afirma Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex director general de la Unesco. Esos mercaderes son los verdaderos responsables de la crisis que afecta a toda la humanidad y que ya ha hundido las economías de Irlanda, Grecia y Portugal y que apunta a España. Son ellos quienes deberían hacer frente a los efectos de sus errores y no millones de ciudadanos obligados a apretarse un cinturón que se ha quedado sin agujeros. Es necesario iniciar un proceso que obligue a las instituciones, las empresas y las personas que han provocado la crisis a hacerse cargo de sus consecuencias. Es necesario, porque es injusto que millones de ciudadanos paguen los platos rotos de una situación provocada por la codicia de unos pocos.
La UE se ha convertido en una unión de mercaderes que da prioridad al capital frente a las personas. Los mercados son el eje central de su política. Los ciudadanos no tienen por qué asumir los errores del sistema financiero. Es necesario dotar a la ciudadanía de los mecanismos necesarios para ejercer un control efectivo sobre sus representantes políticos.