La titulación masiva de la tierra a lo largo del territorio nacional agregaría a la economía nacional más riqueza que todas las políticas gubernamentales en la historia del país. De acuerdo con cifras extra-oficiales del Programa Nacional de Tierras (Pronat), 1.2 millón de terrenos con derechos posesorios tienen que ser titulados, de los cuales 350 mil están ubicados en áreas rurales, y otro tanto en islas y costas.
El valor promedio catastral de las fincas, de acuerdo con la información extra-oficial, es de aproximadamente 15 mil dólares por terreno. Eso significa que la titulación de la tierra agregaría 18 mil millones de dólares a la economía formal y a la riqueza del país, de las cuales 5 mil 250 millones de dólares serían para las áreas rurales, el equivalente al PIB de Panamá por un año.
Además, ya que los derechos posesorios actualmente se venden a un descuento aproximado del 40% en comparación con las tierras tituladas, podemos esperar que en el segundo año esas propiedades valdrían 30 mil millones de dólares. Aun si estos estimados están algo equivocados, no hay duda que el impacto económico sería masivo y sin igual.
Lo mejor es que esa riqueza cae directamente en los bolsillos de 1.2 millón de panameños de escasos recursos, quienes dejan de ser ocupantes de tierras para convertirse en sus propietarios. Los beneficios no terminan solamente en la plusvalía. Las tierras pueden ser hipotecadas para que un pequeño agricultor o comerciante pueda montar un negocio o mejorar su estilo de vida.
Lo más importante es el impacto positivo que esta acción tendría en el autoestima de una familia que ahora siente y sabe que tiene un capital para participar en una economía capitalista, y que ese capital le sirve de respaldo para cualquiera necesidad.
La empresa privada también se beneficiaría de la oportunidad de integrar 18 mil millones de dólares de bienes a la economía formal. Por ejemplo, hay cientos de proyectos turísticos, inmobiliarios, agro-industriales e industriales paralizados a lo largo del país por falta de títulos de propiedad, los cuales pueden generar cientos de miles de trabajos.
El sector bancario tendría un aumento radical en su capacidad de otorgar prestamos hipotecarios, la empresa de la construcción tendría un auge enorme a causa de la realización de esos proyectos, otorgando el trabajo tan necesitado para eliminar la pobreza en las zonas más marginadas del país, que son las que carecen de títulos de propiedad.
Asimismo, el gobierno recibiría una bonanza en las recaudaciones. Si asumimos que la mitad de esas nuevas fincas paga el impuesto de inmueble del 1% (muchas fincas están exentas), la base impositiva aumentaría por 9 mil millones de dólares, lo que recaudaría 90 millones de dólares para el gobierno. Los impuestos de ganancia de capital son aun mayores.
Si asumimos que se vendería el 10% de las propiedades el primer año, o sea, mil ,800 millones de dólares, los impuestos de ganancia de capital, equivalentes a 12% de la diferencia entre el precio de venta y el valor catastral, serían 216 millones de dólares, si el valor catastral es cero (irónicamente, mientras más alto sea el valor de venta de la tierra por el gobierno, mayor es su valor catastral y menor son las recaudaciones de impuestos). En total, la titulación de todo el territorio nacional podría agregar más de 300 millones de dólares a las arcas del gobierno cada año.
¿Qué se necesita para lograr esto? Voluntad política, leyes apropiadas, y un programa de titulación masiva sin costos o condiciones onerosas. Si uno de los tres requisitos no existe, entonces no se logrará el objetivo de aumentar la riqueza de los panameños masivamente. Por ejemplo, actualmente existe la voluntad política del Presidente para la titulación masiva, pero las leyes no son adecuadas, hay que cambiarlas, lo cual requiere de la voluntad de la Asamblea Legislativa.
También hay personas dentro del gobierno que insisten en hacer un avalúo de cada finca para así fijarle un precio de venta a la tierra y aumentar las recaudaciones del gobierno titulando, lo que elimina la posibilidad de un programa masivo de titulación. Irónicamente, al insistir en hacerlo, lo único que se logra es dilatar la titulación masiva, y frustrar los objetivos del gobierno de aumentar sus recaudaciones mediante el pago de impuestos.
Por ende, le pedimos a la Asamblea Legislativa que en septiembre adopte leyes a favor de la posesión y de la titulación masiva en todo el territorio nacional, ya sea en islas, costas, tierras agrarias o urbanas, fijando un solo precio de seis dólares la hectárea para que así Pronat tenga la capacidad de hacer un solo barrido a lo largo el país, otorgando hasta 50 mil títulos por mes, y en dos años hacer que Panamá sea el primer país en Latinoamérica que alcanza el añorado sueño de convertir todo el territorio nacional en fuente de riquezas para los más pobres.
El autor es abogado y escritor
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