Migración

Movilidad humana, otra afectación de la pandemia

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la define como “la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación”, y esta definición incluye por lógica de un país a otro, de un continente a otro.

Panamá, por su particular posición geográfica, ha sido ruta de tránsito de más de cien mil personas migrantes, de unos 25 países y de 4 continentes en los últimos 10 años; siempre respetuosos de los derechos humanos y principios humanitarios contemplados en los protocolos internacionales ratificados.

La similitud de esta movilidad humana por nuestro territorio ha estado marcada por la necesidad imperativa de búsqueda de una mejor calidad de vida en otros horizontes, razones socioeconómicas principalmente, aunque huir de conflictos armados, violaciones de derechos humanos, catástrofes, pobreza y el hambre, también son justificaciones. La fortuna de una movilidad valiosa o elegida, no está al alcance de quienes entran de manera irregular a través de las fronteras terrestres, cruzando la inhóspita selva de Darién sorteando peligros cada minuto; son obligados por las circunstancias. En este sentido, tan básico como el derecho a poder emigrar sería el derecho a no tener que emigrar. Así, la principal tipología de la migración en nuestro país es netamente internacional o externa.

El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que “toda persona tiene derecho a circular libremente…” y “que todas las personas tienen derechos a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”. Luego, en el artículo 12.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, indica que este derecho “no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto.”

Esto, según el reconocido filósofo español del derecho y la política Francisco Javier de Lucas, también experto en temas de migración, hace que las personas se encuentran frente a una “asimetría del derecho a migrar”, es decir: se reconoce el derecho a salir de un territorio, pero se niega el derecho pleno a entrar o a permanecer en otros, según las leyes internas de cada país que apela a su soberanía de legislar; denomina a esta paradoja el “derecho a estar en órbita”.

La OIM tiene noticia sobre aproximadamente 7,700 migrantes que están varados en Centroamérica y el Caribe; esos migrantes están varados en países como Turks and Caicos Islands, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Haití, entre otros. (Mayo 2020, fuente OIM). Según otras fuentes abiertas, en Costa Rica hay 377; Colombia tiene 330, y Honduras, otros 254.Estos números confirman que una tercera parte de ellos (33%) se encuentra en Panamá (2,534).

Esto nos lleva a nuestro título: la pandemia actual tiene otra población afectada, los migrantes que fueron sorprendidos en su ruta hacia Norteamérica; desde marzo los países de la región centroamericana cerraron sus fronteras dejando un elevado número de migrantes sin la posibilidad de continuar su movilidad humana; este panorama no se vislumbra con miras a solucionarse a corto plazo. Esta población migrante demanda la asistencia humanitaria y respeto de sus derechos humanos contemplados en la normativa internacional; recientemente leímos noticias sobre la Resolución del 26 de mayo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, que fue motivada por un informe del mismo mes, presentado por el Centro de Derecho y Justicia Internacional (Cejil, por sus siglas), quienes supervisando las medidas resolutivas del caso Vélez Loor vs Panamá, expusieron la necesidad de cumplir con algunas medidas a favor de los migrantes. Esto concluyó con 15 recomendaciones de la Corte IDH que Panamá ha estado cumpliendo sistemáticamente, para aliviar las condiciones que la pandemia coloca sobre esta población vulnerable.

El fenómeno migratorio no terminará, porque es parte de la propia naturaleza desde los inicios de la humanidad. Desde el punto de vista de Panamá, la perspectiva que siempre ha empoderado su reconocimiento como país de tránsito desde nuestra génesis republicana se fundamenta en la solidaridad del Estado y del propio pueblo, y el entendimiento de que los migrantes son una población vulnerable que demanda cumplimientos, ya que nuestra Carta Magna los pone bajo la jurisdicción del Estado. Por tales motivaciones, bajo los ejes de seguridad, protección, asistencia humanitaria y salud se cumple con el deber y disposición por medio de la articulación de las capacidades gubernamentales, sin que esto afecte el normal desarrollo de las actividades en el orden nacional. Así, con el consenso incluso de la sociedad civil, el fenómeno migratorio no solo nos merece el reconocimiento como referente en su tratamiento, sino que además nos permite ser fieles al lema en el escudo nacional “pro mundi beneficio”.

El autor es especialista en seguridad y derechos humanos

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