El Foro Económico Mundial (WEF) publicó un reporte llamado “The Global Social Mobility Report 2020”, que mide la movilidad social en 82 países. La movilidad social la definen como el poder pasar de una clase socio-económica a otra, tanto desde la perspectiva intra-generacional como la inter-generacional. Para medir la movilidad, utilizan un sistema de pilares, los cuales pueden agruparse 5, que serían Salud, Educación, Acceso a la Tecnología, Oportunidades Justas de Trabajo, y Protección Social e Instituciones Inclusivas. De acuerdo con la data mostrada por el reporte, los países con políticas que promueven la movilidad social son aquellos que presentan mejor calidad de vida, educación de alta calidad, mejores salarios y trabajos, instituciones más robusts y con equidad.
Para Panamá, los resultados están lejos de ser alentadores. Estamos entre los países con peor movilidad social, y con resultados particularmente paupérrimos en educación de calidad y aprendizaje continuo, justicia salarial (donde peor punteamos), y protección social. Estamos en la posición número 63 de 82, siendo catalogados como el país con el peor resultado en nuestra categoría, la de países de ingreso alto. Incluso, países de ingreso medio,y de ingreso medio-bajo como Filipinas, Vietnam, y Moldavia, presentan mejores resultados que los nuestros.
Cuando vemos la realidad que vive la mayoría de los panameños, sumándole un desempleo de 7.1% con tendencia al alza, una informalidad del 45%, una mediana salarial de 710 dólares, una tasa de bancarización de 46% (al 2018, según el Banco Mundial), con solo 1 de cada 3 panameños contando con un título universitario, entre otros datos, el pensar en movilidad social parecería un chiste de mal gusto para más del 90% de la población. Nos corresponde, entonces, actuar para evitar una crisis social, política, y económica, que sería el resultado de que las personas pierdan la esperanza de poder salir adelante. Para esto, podemos tomar algunas de las recomendaciones del reporte e implementarlas en Panamá.
Invertir en educación, particularmente brindarle acceso a educación de calidad a personas de escasos recursos, es primordial. Esto impactaría no solo en nuestra calificación en educación, sino en la justicia salarial – como menciona el reporte – al tener personal capacitado y preparado para poder acceder a mejores salarios. Una forma de hacerlo es mediante vales escolares, para que cualquier panameño pueda enviar a sus hijos a colegios privados, que suelen brindar una mejor educación que los colegios públicos.
A su vez, debemos mejorar la forma en la que se invierte en el acceso a servicios de salud de alta calidad; incluido en este punto se encuentra la mejor medicina para prevenir y tratar problemas de salud, nutrición apropiada. Igualmente, esto último impactaría un serio problema que se presenta en los estudiantes de Panamá, que es la falta de alimentación para poder estudiar. Entre las opciones para hacer esto es permitirles a las personas asistir a clínicas y hospitales privados, en lugar de forzarlos a ir a las públicas. La cuenta sería cubierta por el Gobierno a través de la extensión de la seguridad social a las entidades privadas, haciéndolo, efectivamente, un seguro real, con una red de proveedores que abarcaría al país entero. Aclaramos que esto no sería privatizar la salud, puesto que aún estarían las opciones públicas y solo se busca brindarle más, y mejores, alternativas; en resumen, se busca equidad en acceso a servicios médicos.
Una sugerencia que debemos analizar con lupa es la de incrementar el impuesto sobre la renta. No solo un porcentaje pequeño de la población económicamente activa paga el ISR, sino que este es un duro golpe a los bolsillos de la clase media, que carga con la mayoría del pago de este impuesto. Quitarle más dinero vía ISR se traduciría en menos ahorro – cuando la tasa de personas que ahorran en una institución financiera es solo de 14.5% (2018, BM) – habría menor oportunidad de pagar créditos, disminuiría el consumo, entre otros. Adicionalmente, en un país donde hay poca transparencia e institucionalidad, la corrupción está a la orden del día, y los fondos que se debiesen invertir en educación, salud, seguridad, y otros servicios básicos, terminen en los bolsillos de los políticos y sus allegados. Por todo esto, esta sugerencia la vemos con mucha preocupación y recomendamos trabajar en la transparencia, institucionalidad, y estado de derecho, para tener un Estado más eficiente, que gaste menos, y que lo haga de manera efectiva.
La coyuntura actual del país es la apropiada para actuar e implementar las políticas pertinentes que nos permitirán mejorar la movilidad social. El hacerlo traerá consigo no solo personas con mejores oportunidades para desarrollar su vida plenamente, sino que una sociedad más próspera, libre, y con igualdad de oportunidades.
El autor es miembro de la Fundación Libertad
