En el debate de las reformas electorales, uno de los puntos más álgidos fue el del financiamiento electoral. Varios grupos propusieron eliminar por completo el financiamiento privado e irnos a campañas 100% financiadas por el Estado. Esta propuesta tenía como razonamiento que, si eliminamos el dinero privado en la contienda, eliminamos el incentivo perverso que tienen los políticos de repagar por medio de favores, obras o información, haciendo la transición a campañas de ideas.
La propuesta ya rechazada vuelve a la palestra producto de las últimas operaciones efectuadas por el Ministerio Público donde se han encontrado vínculos claros e inequívocos entre organizaciones del crimen organizado y dirigentes políticos e incluso diputados. Pensar que el crimen organizado no solo esté financiando campañas políticas, sino que miembros de sus filas busquen ser electos para servir como peones en su negocio de transporte de mercancía ilegal es una idea que espanta.
El crimen organizado en Panamá, igual que el resto de nuestra economía, ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años. A medida que nuestro centro logístico y nuestra posición geográfica crece y aumenta su importancia en la economía global, así mismo lo hace para la economía ilegal, convirtiéndose en un punto crucial en la ruta de la droga de Suramérica hacia Norte América y Europa. Las pandillas locales han sucumbido ante el poder de las organizaciones trasnacionales, y ya no solo cuentan con matones y vendedores de droga que aterrorizan a comunidades, sino que son estructuras criminales con abogados, financistas, emprendedores, que intentan infiltrarse en la economía legal.
Traigo a colación la discusión de las reformas electorales porque el dinero del narcotráfico no entra ni siquiera en esa discusión. El dinero del narcotráfico no se declara, se mueve en un submundo de efectivo que encuentra tierra fértil en las políticas clientelares y en la incapacidad de la Fiscalía Electoral para monitorear o castigar estas prácticas. Entonces así, cualquier político puede disponer del dinero del narcotráfico completamente irrelevante de las leyes que puedan regular el financiamiento de campaña.
Y en este escenario es donde entra la responsabilidad de los partidos políticos. Al excusarse con el discurso de que son democráticos y cualquiera puede correr, se desligan de la responsabilidad que tienen para con los electores a los que intenta captar. Esperar una condena antes de tomar una decisión sobre el futuro de un coopartidario es ser ingenuo o cínico, y desconocer los mecanismos que usan los maleantes para pasar por encima de nuestra ya débil justicia. Los dirigentes políticos serios deben alzar la voz y cerrar filas en contra de este tipo de prácticas. Porque si la justicia no impera, al menos la ética debería hacerlo.
El autor es director Ejecutivo MOVIN
