En un evidente acto de desesperación, la semana pasada un periódico mexicano, El Diario, de Ciudad Juárez, publicó un controvertido editorial de fondo dirigido a los grupos criminales que asolan esa ciudad en el que les reconocía como “las autoridades de facto”, les solicitaba una tregua y les preguntaba, “¿Qué quieren de nosotros?”.
Pedro Torres, subdirector editorial de El Diario, ha insinuado que el verdadero destinatario del mensaje fue el presidente Felipe Calderón y que su propósito era desafiarle para que cesen las agresiones contra los periodistas. En un segundo editorial, le pregunta, presumiblemente al presidente Calderón, ¿A quién pedir justicia?, declara “imaginario” el estado de derecho en Juárez y denuncia la imposibilidad de hacer periodismo desde la “total indefensión”.
El reclamo de El Diario no es frívolo. Dos de sus periodistas, el fotógrafo Luis Carlos Santiago Orozco y el reportero Armando Rodríguez Carreón, se suman a la lista de más de 30 periodistas mexicanos que han sido asesinados o desaparecidos desde que Calderón asumió la presidencia. México es hoy, probablemente, el país más peligroso del mundo para los periodistas.
También es válida la denuncia–protesta de El Diario contra la impunidad. Por negligencia, incompetencia, colusión o corrupción, las autoridades encargadas de investigar las denuncias de asesinatos, contra periodistas, y de someter a la justicia a los presuntos sospechosos ni investigan ni arrestan a nadie.
Lo discutible es la forma en la que El Diario ha decidido enfrentar su complicada situación. Su estrategia, que recuerda el viejo refrán, “Se lo digo al sacristán para que me entienda el cura”, además de barroca es brutalmente arriesgada. ¿Qué sucedería si los narcos le contestan encomendándole una lista de tareas? ¿Se sujeta a los deseos de las “autoridades de facto” o se niega? ¿Si se sujeta seguirá siendo un periódico? ¿Si se niega, no terminará mandando al matadero a sus reporteros? ¿Fue el editorial un acto de valentía como dice The New York Times o fue, como dice Enrique Santos, un periodista colombiano que por décadas vivió acosado por narcos, guerrilleros y “paramilitares”, “una decisión equivocada y entreguista que empodera aún más a los narcos”.
Reconozco que es difícil, como me decía otro compañero periodista “entrar a juzgar el miedo de los colegas porque cada quien es dueño de su miedo”. Pero no debemos olvidar, como me recuerda el profesor Sergio Ocampo, que después del asesinato de don Guillermo Cano, director de El Espectador; el secuestro de Francisco Santos, columnista y dueño parcial de El Tiempo; los bombazos contra La Vanguardia Liberal de Bucaramanga y las balaceras contra El Colombiano de Medellín, la reacción de los medios de comunicación colombianos contra el narcotráfico fue valiente, frontal y fuerte.
“Después de la muerte de Cano”, me dice María Jimena Duzán, columnista de la revista Semana, “nos juntábamos en mi casa Enrique Santos Calderón de El Tiempo, Andrés Pastrana del noticiero TV Hoy, Mauricio Gómez de Noticiero de las Siete, Fernando Cano, Fabio Castillo y yo por El Espectador y durante seis meses publicamos simultáneamente y sin nombrar al autor, las mismas investigaciones. Sacamos unos ocho informes sobre los negocios de las mafias en los periódicos, la radio y la televisión. La idea era no dejarnos acallar por el asesinato de Cano. Si nos iban a matar tenían que matarnos a todos”.