La reforma del Estado se sostiene sobre tres pilares: la reforma económica (apertura comercial, equilibrio fiscal, desregulación, etc.); la reforma política (descentralización, régimen electoral, de los partidos políticos, etc.) y la reforma administrativa (la disminución de la complejidad burocrática en la administración publica). Como partes de esta “aldea global”, la mayoría de los países industrializados –y especialmente los nuevos surgidos luego del derrumbe de la cortina de hierro– han iniciado, en mayor o menor medida, la tan necesaria reforma del Estado como parte de una estrategia competitiva para captar el establecimiento de inversiones sin las cuales es imposible el crecimiento y prosperidad de una nación.
Algunos países latinoamericanos iniciaron también las reformas políticas y económicas, dejando la administrativa postergada o sin realizar, de acuerdo con sus discursos populistas y demagógicos, contribuyendo así a incrementar la planilla, los gastos del Estado y la corrupción de manera alarmante, que hacen que las primeras no sean efectivas y el ansiado establecimiento de capitales, una ilusión.
La reforma administrativa se logra respondiendo a dos preguntas simples: ¿esto que se hace es necesario hacerlo? Si la respuesta es negativa, se elimina. Si la respuesta es afirmativa, es decir, si es útil para alguien, entonces se hace una segunda pregunta: ¿es necesario que lo haga el gobierno? Si la respuesta es negativa, se privatiza, si la respuesta es afirmativa, es decir, solamente el gobierno puede o debe hacerlo, entonces se procede a la modernización.
Para lograr esta modernización es necesario que la administración pública cambie los paradigmas: pretender seguir administrando con el modelo de administración tradicional en el contexto de la globalización es como nadar contra la corriente. El gobierno tradicional está diseñado para la permanencia, la estabilidad, la uniformidad, la protección y el control centralizado. Esto deriva en excesos regulatorios tanto en el interior como hacia el exterior, que dificultan cualquier trámite administrativo y generan corrupción. El problema entonces no es de personas, como erróneamente tiende a diagnosticarse (creándose para ello más oficinas de denuncia o anticorrupción), sino de sistemas administrativos cada vez más y más grandes. La administración tradicional está basada en la desconfianza y de ahí se derivan la centralización y el afán de querer controlar hasta el mínimo detalle de la operación. Este enfoque es costoso e ineficiente porque requiere muchos tramos de control y no logra el resultado deseado; muy por el contrario, sigue engrosando la planilla y generando más posibles focos de corrupción.
La administración moderna se basa en la calidad, responsabilidad y la evaluación por resultados. Y aquí voy a citar el ejemplo de Australia: este es el país con mayor avance ya que se le otorga a cada dependencia o entidad un presupuesto fijo, dentro del cual el administrador puede decidir sin restricciones. No hay partidas para recursos personales, gastos corrientes o de inversión. Los resultados que han obtenido, demuestran que el gasto es optimizado ya que el administrador no cuenta con restricciones externas más que el respeto al techo global y el cumplimiento de las metas; los ahorros pueden ser utilizados para la mejora de los servicios o pueden ser transferidos al siguiente ejercicio. Este enfoque es más efectivo y menos costoso. El control es más efectivo porque se realiza incluso por la propia comunidad, que es la que demandará por mejores estándares de calidad y servicio, y es menos costoso porque el servidor público es autónomo y su evaluación es por resultados obtenidos. Y aquí la organización estatal se acerca a la organización privada: el servidor público es responsable del buen criterio y administración del presupuesto que le ha sido asignado; si logra excelentes resultados se mantendrá en el lugar, si no lo logra será reemplazado por quien sí lo haga mejor.
Este proceso va de la mano de la necesidad de acercar la toma de decisiones a las áreas que están más cerca de los ciudadanos para acortar tiempo y dotar del poder de mejora de los sistemas administrativos a ellos mismos. Cuando el servidor público es responsable de sus decisiones, se eliminan costosas oficinas de control sobre control, se disminuyen gastos que ahora los ciudadanos lo ven en sus bolsillos y el país en general, con menores trabas burocráticas y bajos índices de corrupción, se torna eficiente, ágil y atractivo para las inversiones que permiten el crecimiento y progreso. Debe haber sistemas mejores, pero por algún lado hay que comenzar y, en ese caso, se deben practicar y en lo posible mejorar las reformas de los países que hoy son exitosos.
La autora es abogada y economista, amiga de la Fundación Libertad (www.fundacionlibertad.org.pa)Además en opinión