Durante la administración municipal anterior, se logró aprobar en el Consejo Municipal de Panamá el muy cuestionado Plan Parcial de Ordenamiento Territorial (PPOT) del corregimiento de San Francisco (año 2018). Como parte de una estrategia, paralelamente a la aprobación de ese plan se realizó la consultoría para el Plan Local de Ordenamiento Territorial del Distrito (PLOT).
Se escucharon voces a favor y en contra de estos dos planes que son de distintos niveles, como lo establece la Ley 6 de 2006 o Ley de Urbanismo, como se le conoce. Esta ley fue modificada por la Ley 14 de 2015, que actualizaba la participación ciudadana en el proceso de ordenamiento territorial urbano y restablecía el papel de la Junta de Planificación Municipal (JPM).
En una sociedad tan desigual como la nuestra, existen grupos de poder que buscan decidir por todos y, en este caso, se opusieron a la aprobación del PPOT de San Francisco, el cual fue demandado, y también al PLOT del distrito, que fue cuestionado y dilatado en su discusión.
En una reunión realizada en la oficina privada de un arquitecto de la localidad, después del cambio de gobierno, asistieron el alcalde y otras personalidades de la arquitectura panameña, para plantear una revisión del PPOT de San Francisco.
La reunión se centró en criticar el PPOT de San Francisco en tres aspectos:
1. Que no permitía el desarrollo de los terrenos como la vieja normativa basada en densidad.
2. Que se violó la ley al no pasar el plan ante la Junta de Planificación Municipal del distrito capital antes de aprobarlo.
3. Que no hubo participación ni consulta ciudadana de manera adecuada.
En noviembre de 2019, el Consejo Municipal ordenó una moratoria o suspensión de la aprobación de permisos de construcción. Igualmente, se suspendió provisionalmente la emisión de anteproyectos y planos de construcción, “hasta tanto se emita una guía o reglamentación al Acuerdo 94 de abril de 2018, por medio del cual se aprobó el PPOT en San Francisco, hasta que se reglamente este plan para realizar modificaciones”.
Las modificaciones propuestas solo fueron volver a establecer densidades y aumentar la cantidad de estacionamientos tanto de residentes como de visitas, para evitar el congestionamiento de las calles.
Todavía no se ponen de acuerdo tanto inversionistas como autoridades y el ciudadano común en qué tipo de ciudad queremos.
Se sigue especulando con el valor de la tierra para sacar mayor rentabilidad a los lotes, sin que esto signifique viviendas más económicas que permitan a matrimonios jóvenes vivir cerca del centro de la ciudad o lo que llamamos vivienda asequible.
El distrito capital y el área metropolitana tienen una gran cantidad de problemas que deben ser resueltos con seriedad.
Se puede notar un deseo de desconocer la participación ciudadana y darle mayor atención a las demandas de los gremios de la construcción y el comercio, confirmando la imagen de una sociedad desigual.
Recientemente, el Miviot traspasó casi todas las funciones que tienen que ver con la administración del territorio al municipio, en cumplimiento de la descentralización y entendiendo que la autoridad urbanística a nivel municipal debe ser responsable de lo que suceda en su jurisdicción, como establece la Constitución.
Le hereda también un plan metropolitano revisado con una visión del desarrollo hasta el año 2035. Sin embargo, no le hereda una estructura institucional con experiencia en el manejo diario de la problemática del desarrollo urbano. Entonces nos encontramos con que existen planes, pero no hay gestión urbana ni hay cuadros capacitados.
Tradicionalmente, el crecimiento urbano ha estado en manos de las leyes del mercado. Se buscan los terrenos más baratos y alejados del centro para repetir el patrón de viviendas individuales en la periferia sin los servicios públicos básicos.
Se repite el patrón de construir apartamentos de lujo en las áreas centrales, lo que ha dado por resultado que haya un stock de viviendas que no se venden. Se repite el patrón de minimizar la participación ciudadana, al punto de aceptar como válida solo una consulta pública con el inversionista y pocos representantes a la comunidad, cuando se discute sobre un nuevo proyecto.
Esta y otras circunstancias como la de que los funcionarios del sector público sean presionados a tomar decisiones sobre la conveniencia o no de un proyecto de construcción que afecte, por ejemplo, a la cuenca hidrográfica o a zonas de manglares o a zonas inundables, me hace preguntar si realmente necesitamos un plan de ordenamiento territorial.
El autor es docente universitario, urbanista, planificador y representante de la UP en la Junta de Planificación Municipal
