Nuestras autoridades nos han acostumbrado a no ser parte de los procesos de transformación de las comunidades, corregimientos y distritos en los que vivimos. Nos entregan proyectos por terminar en los que cualquier aporte ciudadano llega tarde, porque nos enteramos de la existencia de la obra cuando ya está lo suficientemente avanzada como para tomar en cuenta posibles mejoras, evaluar si había mejores opciones para abordar los problemas o, en su defecto, si era siquiera necesaria.
Esta práctica, aunque extendida, es ilegal. Las juntas comunales y municipios no sólo están obligados a darnos los espacios para que los ciudadanos participemos de su gestión, sino que tienen los mecanismos necesario para que nosotros (los ciudadanos) tengamos la última palabra en la elección de las soluciones de su municipio.
Desde arriba, los municipios tienen el deber constitucional de promover la participación ciudadana dentro del distrito. Esta obligación se materializa en la ley de descentralización, en la que se define la participación ciudadana como la incidencia dentro de la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas y la auditoría social de la gestión de los gobiernos locales. Esto quiere decir que los ciudadanos deben tener los espacios para expresar los problemas de su comunidad, la oportunidad para decidir sobre cuál sería la solución que la administración debe desarrollar y el poder de fiscalizar activamente que se ejecute esta solución de manera correcta.
Estos mecanismos en su conjunto (que puedes consultar en el decreto N°10 del viernes 6 de enero de 2017), obedecen a la lógica económica expuesta por el premio nobel de economía Friedrich Von Hayek. Hayek comenta que la información está dispersa entre todos los individuos y que es imposible que un solo agente tenga toda la información.
Esto quiere decir que los problemas, dificultades y carencias que tiene tu comunidad, los conoces tú, no a quien elegiste para que te representara dentro del corregimiento en el que vives. Por tanto, si no tienes manera de poder expresarle activamente cuales son los problemas que tiene tu comunidad, ellos son incapaces de imaginar de manera precisa las posibles soluciones a tus problemas, y eso tomando en cuenta que supieran que tienes un problema.
Son los posibles beneficiarios de los proyectos a desarrollar, quienes deben ser la primera fuente de información para que los administradores públicos creen soluciones acorde a sus necesidades. A la vez, estos mismos beneficiarios, deben ser quienes tengan la última palabra para así aceptar, mejorar o rechazar los proyectos previo a su ejecución. De esta manera, la administración será legítima en su ejecución, respetando las decisiones concertadas a través de los espacios de participación ciudadana.
Los alcaldes y representantes no son dueños temporales del espacio público, sino que son los administradores pasajeros de los espacios en los que los ciudadanos viviremos a lo largo de nuestras vidas.
Si nos interesa mejorar la comunidad, corregimiento y distrito en los que vivimos, vayamos a nuestras alcaldías y juntas comunales, con la ley de descentralización en mano, exigiendo nuestro derecho a participar para así incidir en las decisiones de la administración.
El autor es miembro del Círculo Bastiat de la Fundación Libertad