Todos los días, en las oficinas de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, recibimos un informe titulado Daily Corruption News. Los ciudadanos interesados lo pueden consultar a través de nuestra página de Facebook: Fundación Libertad Ciudadana, o siguiéndonos en el Twitter @libertciudadana.
En el año 2011 y en lo que va de 2012, a través de estas noticias, fuimos testigos de cómo el subdirector de la Autoridad de Tierras de Singapur fue condenado a 22 años de cárcel por abuso de confianza y utilización de su cargo para cometer fraudes en beneficio particular y de sus familiares; de la detención de 176 policías en Honduras por estar involucrados con el crimen organizado; de la suspensión del vicepresidente de Perú por parte del Congreso, por solicitar favores a un funcionario para beneficiar a un hermano; de la acusación a uno de los yernos del Rey de España por desviar fondos del Estado, a través de organizaciones no gubernamentales y entramados financieros; de las renuncias de ministros en Brasil por estar involucrados en irregularidades dentro de la organización del Mundial de Fútbol; y la más reciente, tal vez, la detención del exviceministro de Economía de Corea (7 de mayo de 2012), acusado de solicitar sobornos a cambio de influencias para el otorgamiento de permisos de construcción para un megaproyecto inmobiliario, por un monto que asciende a más de 150 millones de dólares.
La corrupción público-privada y la corrupción política se da todos los días y no discrimina latitudes. La vemos en mayor proporción, tal vez, en los países africanos, pero igualmente observamos casos en países que incluso ocupan puestos privilegiados en los índices internacionales de corrupción, como es el caso de Singapur.
En otras palabras, si los escándalos de corrupción suceden en países con instituciones fuertes y que funcionan, no debe sorprendernos que se den en países con una débil institucionalidad, con la intervención del Ejecutivo en los demás poderes del Estado, con una Contraloría General cuya independencia está en entredicho, con un Órgano Judicial en el que su presidente reconoce que hay corrupción y se comercia con las sentencias (lo que ya sabíamos todos); con una Ley de Contratación Pública reformada a la medida del Ejecutivo; con falta de transparencia y de límites de las donaciones privadas a las campañas; con designaciones estrictamente políticas en el servicio exterior; con una carrera administrativa suspendida; entre otras situaciones irregulares, como es el caso de Panamá.
Lo extraño sería que el esquema arriba descrito produjera ciudadanos, servidores públicos y políticos que actúen con honestidad.
La diferencia en relación con los escándalos de corrupción radica en la actitud que asumen los países frente a la realidad y la hoja de ruta que deciden seguir cuando los detectan.
Los escándalos de corrupción de este Gobierno no han generado ni alertas ni reformas estructurales (no cosméticas) para reducir la percepción de la ciudadanía. Al contrario, aparecen con el tiempo más muestras de la flexibilidad que ofrece el sistema para que estallen nuevos escándalos.
Cada vez son más las voces preocupadas por la corrupción generalizada y sistémica que tenemos en Panamá. Los discursos recurrentes de la Iglesia son una muestra clara de esto. En el año 2013, se celebrará en Panamá la V Conferencia de los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El Gobierno tiene un año para demostrar que puede ser un digno ejemplo de buena voluntad, llevando a cabo algunas reformas estructurales, o ser el perfecto ejemplo de cómo se puede no avanzar o retroceder en la lucha contra la corrupción.