En el años 2013, la empresa Ipsos aplicó, para la Cámara de Comercio, una encuesta nacional sobre victimización y percepción de seguridad ciudadana. En dicho estudio se refleja que el 80% de los encuestados percibe el país como inseguro, principalmente los habitantes de las provincias de Panamá, Colón, Chiriquí y Darién.
Se puede entender los casos de Panamá, Colón y Chiriquí, porque son las provincias con mayores niveles de criminalidad y en donde se registra la mayoría de los homicidios que se cometen en el país.
Lo que es digno de analizar es la situación que ocurre en Darién, donde el 60% de los habitantes dice sentirse inseguro en su provincia, a pesar de que presenta los menores índices de violencia de todo el país, con alrededor de cuatro homicidios anuales, según las estadísticas de los últimos 10 años. Adicionalmente, es la provincia estandarte del actual ministro de Seguridad, y en la que tiene un papel muy activo el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).
Otro dato importante de la encuesta es que seguimos con un índice muy alto de personas que no denuncian los delitos. Según la encuesta, el 53% de las víctimas no lo denunció, la mayoría porque desconfiaba de la autoridad (pues en el pasado presentaron denuncias y no pasó nada) o por temor a represalias. Estas son razones que demuestran la ineficacia de las autoridades en dar atención a las víctimas del delito, lo que crea más percepción de inseguridad.
La situación es más grave en las provincias de Darién, Veraguas y en las comarcas indígenas, donde el número de víctimas que no presenta denuncias es mayor.
En Darién, el 75% de las víctimas dijo que no presentó denuncias, y en las comarcas indígenas, el 60% no lo hizo. Debemos entender que en estas regiones del país el acceso a la justicia es casi nulo para la mayoría de la población, por las distancias y debido a las pocas instalaciones de justicia que hay.
En definitiva, las estadísticas criminales oficiales, posiblemente, presentan información sobre un 50% de los delitos cometidos en el país. Existe una cifra oculta de hechos delictivos que no llegan a conocimiento de las autoridades, pero en el caso de Darién y las comarcas la cifra oculta es más alta que en el resto del país.
Otra cifra oculta es la del abuso policial por parte de esa entidad. Las comarcas indígenas y Darién, a pesar de tener menos criminalidad, son las áreas del país en las que una mayor cantidad de personas recibe malos tratos policiales, según la encuesta. Esto puede ser el resultado de prácticas discriminatorias y, al mismo tiempo, de falta de autoridades que velen por los derechos humanos de los ciudadanos.
Todo esto contrasta con el gasto exorbitante en materia de seguridad. Se destinaron más de 637 millones de dólares para el Ministerio de Seguridad, en el año 2013, casi el 4% del presupuesto General del Estado, lo que significó tres veces más que el presupuesto que se le asignó, en conjunto, al Órgano Judicial y al Ministerio Público. Esto refleja un enfoque policivo-represivo, en vez de un enfoque preventivo, de atención a los derechos ciudadanos y a las víctimas del delito.
Si dejamos la política de seguridad en manos del Ministerio de Seguridad y de la Policía Nacional, el resultado seguirá siendo más inseguridad y más abuso policial. La política de seguridad debe ser integral e involucrar a los municipios. El presupuesto de Estado en esta materia debe incluir a los municipios, a las instituciones de justicia y de atención a víctimas.
Podemos aumentar cada año el presupuesto para el Ministerio de Seguridad, pero si no creamos o fortalecemos la atención a las víctimas y al sistema de justicia, la percepción ciudadana de inseguridad seguirá y, también, las violaciones a los derechos humanos y el abuso policial.
