Desde que iniciaron las protestas, la indignación por los abusos de niños en albergues y el escándalo de la SENIAF, tenía la sospecha de que en unos días veríamos un forcejeo legislativo en ese sentido. Las manifestaciones continúan, hay poco más de una decena de imputados (ningún directivo), se descubre cada vez más podredumbre: 70% de los albergues inspeccionados carecen del personal idóneo y la solución parece ser una nueva ley. Me pregunto si no estamos lloviendo sobre mojado, si no hay ya una ley que regula a la SENIAF y a los albergues, si Panamá no es signataria de 13 convenios al respecto. Me respondo a mí mismo: sí. No solo tenemos esas leyes, tenemos una hemorragia de leyes, códigos y decretos y en esa plétora de papeles hay sólidas bases para que esta institución y todas las demás operen como es debido, hay suficientes argumentos que señalan la forma en que nuestros funcionarios deben actuar, las normas de conducta para nuestros ciudadanos y un largo, larguísimo etcétera.
El gran problema, el que tiene a nuestro país asqueado con un tufo cada vez más asfixiante, independientemente del administrador de turno, es que no hay forma de que se cumpla ni con la mitad de las leyes. Estas se han convertido en una intrincada maraña de papeles, y cuando queda en evidencia algún funcionario o político o empresario o ejecutivo, algún aboganster tuerce, desmadeja, retuerce y vuelve a empelotar la maraña a conveniencia de su cliente. No podemos esperar que la cosa pública funcione sin pesos y contrapesos reales, sin premios y castigos, castigos de verdad, de los que se ven y se sienten, de los que desincentivan la trampa y promueven la ética. Esos valores jamás permitirían que los funcionarios de la SENIAF, algunos de los cuales le han sacado el cuerpo al problema, tengan la osadía de argumentar que no pueden ser culpables de hechos desconocidos por ellos, cuando su trabajo, por lo que fueron pagados por nosotros, era precisamente enterarse de lo que alegan desconocer, que la dirección de esta secretaría es el principal responsable, tanto como los administradores de los albergues y los violadores de niños. Pero esto no es nada nuevo: condenemos al florista, al asistente de laboratorio de aquello del dietilenglicol, multemos al testaferro, apresemos al pelagatos. Y unos años después, el problema vuelve a reventar, reconvertido, amplificado, más profundo y doloroso.
Pensar que el asunto de los niños en los albergues se arreglará con una ley y con presupuesto es como tener fiebre y creer que se curará cambiando las sábanas raídas por fastuosas colchas de seda cruda —en base a nuestra experiencia las adquiriríamos a precio de alfombra persa para recibir toallitas de rayas de colores—. Nosotros no necesitamos más leyes, necesitamos un sistema judicial ágil, un Ministerio Público al que no se le caigan los casos, necesitamos presos por corrupción, por peculado, nepotismo, por crímenes de odio y otro largo, larguísimo, etcétera. Tal vez así, en 20 años, tendremos una población cuyos valores sean la ética, la justicia, la verdad y el bien común. No necesitamos otro cambio de sábanas. Necesitamos cumplir y hacer cumplir las leyes que tenemos.
El autor es ciudadano